Delitos de odio son la marca de fábrica de regímenes autoritarios

Delitos de odio son la marca de fábrica de regímenes autoritarios

Publicado el 17 May 2022

En Venezuela se aplican distintos métodos de censura y propaganda para contaminar la información y hacer cada vez más difícil el ejercicio de la libertad de expresión.

Hacer un chiste, una denuncia, una exigencia o expresar una opinión crítica que vaya en contra de la administración de Nicolás Maduro, y que además se haga viral en las redes sociales, le puede costar la libertad a cualquier venezolano con la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Fue el caso de la señora Olga Mata, una tiktoker de 72 años, quien ahora tiene medidas cautelares por la dramatización y publicación de un video en la red social en donde mencionaba a los principales líderes del gobierno. Cabe destacar que se trataba de una pista de audio que ya tenía tiempo en TikTok y Mata solo hizo la caracterización del personaje de una mujer que vendía arepas.

En la parodia, se observa a la señora con delantal y pañoleta y, al ser consultada sobre los rellenos que tenía disponibles, decía: “Tengo la Tarek William Saab rellena de huevo; tengo la Hugo Chávez, rellena de mortadela; la Diosdado Cabello, de perico; la Iris Varela, hecha de harina pan y tengo la viuda que es la Cilia Flores”. En el fondo, alguien le mencionaba: “Pero esa todavía no está viuda”, a lo que la señora respondía: “Bueno, pero eso es lo que todos deseamos”.

El pasado 14 de abril, Tarek William Saab dictó orden de aprehensión en contra de Olga Mata y su hijo Florencio Gil Mata. Según el fiscal impuesto por la constituyente de 2017, los dos ciudadanos “instigaban al asesinato de las personalidades públicas”.

Aunque el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión”, desde el año 2017 la censura en redes sociales y medios de comunicación social va en aumento con la implementación de una ley paralela e inconstitucional, denominada Ley contra el Odio.

La legislación dice promover y garantizar la tolerancia, el respeto y la paz colectiva y penalizar cualquier discurso que incite al odio, a la violencia o discriminación; pero en realidad es un instrumento que criminaliza el derecho a la libertad de expresión con penas de hasta 20 años de cárcel.

El riesgo de hacerse viral

Las redes sociales en Venezuela se han convertido en las principales fuentes de información a raíz de la censura en medios tradicionales y toda la persecución que ha habido hacia los medios independientes y hacia el ejercicio del periodismo en general por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El informe «Normativa contra el odio: la censura hecha ley», del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), determinó que la Ley Contra el Odio ha sido utilizada como un mecanismo de persecución, censura y autocensura en el país.

A juicio de la politóloga y directora del Observatorio del Entorno Digital y las Tendencias de Twitter, Probox, Marivi Marín Vázquez, la censura ha venido aumentando a través de la llamada Ley del Odio para contrarrestar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, atropellos y crisis y la Emergencia Humanitaria Compleja, que evidentemente, no le conviene al régimen que salga a la luz, sobre todo si le concierne a la opinión pública internacional.

“Hemos visto cómo el fiscal de la república ha actuado en función de las tendencias en Twitter o los temas que se hacen virales en las redes sociales, pero claramente, ignora otro tipo de violaciones a los derechos humanos y en general de muchos atropellos a la ciudadanía que no son tomados en cuenta porque simplemente no se hacen virales o se busca desviar la atención con otros temas”, señaló la directora de Probox.

La politóloga explicó que en Venezuela se aplican distintos métodos de censura y propaganda para contaminar la información y hacer cada vez más difícil el ejercicio de la libertad de expresión. Marín Vásquez alertó que, además de la Ley Contra el Odio, utilizada para perseguir a las personas que tengan una opinión política contraria a la del régimen de Maduro, actualmente existe y está en discusión un anteproyecto de ley para regular aún más las redes sociales en Venezuela.

El pasado 23 de marzo, Probox denunció que la Asamblea Nacional oficialista desarrolla un proyecto para regular las redes sociales y el contenido digital, lo que implicaría mayor control y restricciones al ciberespacio y la vulneración a la libertad de expresión y al derecho a la información.

El humor no es delito

El director de Espacio Público, Carlos Correa, advierte que desde que el gobierno de Maduro aprobó la ley contra el odio cualquier tipo de expresión con relación a los temas políticos podría ser considerada una expresión de odio y convertirse en un “delito”.

El director de la ONG afirmó que “lo que hay es un ejercicio arbitrario del poder, un ejercicio discrecional que hace que una persona como la señora Olga, por recrear un chiste, esté perseguida por la ley del odio y sea sometida a un proceso judicial”.

“Ninguna expresión humorística debería ser un causal de privativa de libertad, otra cosa es que a través del humor se pueda difamar a un tercero, entonces ahí sí hay mecanismos, pero no la privación de libertad”, dijo Correa.

Al ser consultada sobre si un chiste como el que realizó la señora Mata califica como delito, la directora de Probox enfatizó que no, pero que con este tipo de leyes queda claro que cualquier tipo de expresión o disidencia será castigado y tratado bajo la Ley contra el Odio, con el fin de anular e intimidar a cualquier tipo de adversario político.

Carlos Correa señaló que hay gobernantes en otros países que se han molestado por la publicación de alguna caricatura, pero que la persecución penal o detención por hacer chistes solo se han documentado en regímenes totalitarios o autoritarios.

La directora de Probox explicó que en Cuba existe una ley bastante similar que se llama la Ley Decreto 35, así como también en Nicaragua, donde se aplica desde hace un poco más tiempo la Ley de Ciberdelito.

“Al igual que en Venezuela, básicamente estas leyes lo que buscan es no solo amedrentar la libertad de expresión a través de las redes sociales, sino también que se le de causas, o se juzgue de forma penal a las personas por opiniones o mensajes que hayan sido difundidos a través de sus redes sociales”, amplió.

Una actuación selectiva

La abogada Thelma Fernández afirmó que la Ley Contra el Odio deja abierta la posibilidad de que se interprete la norma a conveniencia, debido a que no establece de forma clara una conducta específica por parte del sujeto activo para considerarlo incurso en la comisión de dicho delito.

“Esta ley evidencia una ambigüedad legislativa en materia de libertad de expresión que es altamente nociva para la democracia de cualquier país, por lo que es claro que, además de ser írrita, violenta derechos humanos elementales”, dijo Fernández.

A juicio de Carlos Correa, la Ley contra el Odio no se ajusta a los estándares de la propia Constitución venezolana. “Los delitos tienen que estar previamente establecidos y, en el caso de esa ley que es imprecisa y vaga, y que además está aunada a un sistema que no tiene independencia de poder judicial, genera una dinámica de aplicación arbitraria o discrecional”.

El director de Espacio Público explicó que los estándares vinculados a la libertad de expresión indican que nadie debe ser privado de su libertad por expresarse.

“En estos casos, lo que indican los estándares internacionales es, primero: la posibilidad de rectificación o réplica. Segundo, en el caso de que haya daño moral, que se le apliquen sanciones económicas proporcionales y no desproporcionadas que no impliquen la anulación del medio o que generen un efecto inhibitorio”, dijo.

“La aplicación de una norma discrecional y arbitraria con sanciones muy duras vulnera el debido proceso, la libertad de expresión y el derecho a la participación en asuntos públicos”, aseguró Correa.

Según un conteo que realizó la ONG Espacio Público, desde 2017 hasta 2020, se han registrado al menos 45 casos en los que aplicó la Ley contra el Odio a personas por expresarse.

La ONG apuntó que el año con la mayor cantidad de casos fue 2020 con 21, el segundo es 2018 con 13 casos, el tercero es 2019 con 10 y 2017 con un caso.

Entre los tipos de violaciones a la libertad y al derecho de expresión, el hostigamiento judicial es el principal, con un total de 42 casos. Le siguen la detención (36), censura (10), amenazas (5), hostigamiento verbal (3), intimidación (2), agresión (1) y restricción administrativa (2).

En la comunidad tuitera, Tarek William Saab es conocido como “el fiscal de las tendencias”, esto se debe a que en reiteradas ocasiones, sólo ha reaccionado a los sucesos que se vuelven virales y el ruido que causan es difícil de ignorar.

El caso de la señora Olga Mata no ha sido el único que ha captado la atención del fiscal impuesto por la Constituyente. En una línea de tiempo, Runrun.es recopiló varios otros casos en los que músicos tuiteros, bomberos, escritores, humoristas, médicos y periodistas han sido castigados bajo la Ley Contra el Odio.

Puedes leer la nota original de RunRunes aquí

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