Maduro y la cacería de activistas: caso Javier Tarazona

Maduro y la cacería de activistas: caso Javier Tarazona

Publicado el 25 Jul 2022

Casi 400 días detenido ilegalmente por su labor como activista en Venezuela

Las organizaciones no gubernamentales representan uno de los factores más importantes en la lucha por el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Actualmente, las redes sociales, específicamente Twitter, son uno de los pocos espacios disponibles para elevar los reclamos de los ciudadanos (siendo esta una de las razones por las que el régimen venezolano pretende regularlo) donde las ONG se encargan de posicionar tendencias denunciando la grave situación del país al ser una de las figuras más representativas de la protesta social digital, generando 108 tendencias y alrededor de 614.241 tweets en 2021.

 

La labor de los activistas y las ONG en Venezuela se ve cada vez más cercada por el régimen de Nicolás Maduro. El Centro para los Defensores y la Justicia documentó en 2021, 743 ataques contra defensores, representando un aumento del 145% con respecto a 2020.

 

El caso de Javier Tarazona, profesor, activista y director general de la ONG FundaRedes, detenido en julio del año pasado y que aún continúa privado de libertad, es un ejemplo de cómo se silencia a cualquiera que exponga la realidad que sufren los venezolanos.

 

Este cerco al trabajo de las organizaciones se puede intensificar con el “Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional” que busca cerrar el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria. Esta propuesta de ley ha sido rechazada por más de 500 organizaciones, la CIDH y la RELE.

 

Entre el 4 y el 7 de julio de 2022, se intensificó nuevamente la persecución con la detención del trabajador humanitario Gabriel Blanco, los activistas Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez y el sindicalista Emilio Negrín; cuya privativa de libertad fue ratificada el 9 de julio.

 

A esto se le suma la aprehensión de 9 jóvenes en Caracas (4 de ellos activistas de Voluntad Popular) el 7 de junio por parte de PoliChacao por conmemorar los 5 años del asesinato de Neomar Lander en las protestas de 2017. Luego de que se desconociera su paradero por más de 24 horas, fueron liberados el 09 de junio con medidas sustitutivas de libertad.

 

¿QUÉ OCURRIÓ CON JAVIER TARAZONA?

El 02 de julio de 2021 la ONG FundaRedes denunció que Javier Tarazona fue detenido arbitrariamente en el estado Falcón cuando acudió a la Fiscalía para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y otros sujetos sin identificar. Junto a él también fueron detenidos Rafael Tarazona y Omar García (activistas de FundaRedes) y Yhonny Romero, director de Mayday Confavifd.

 

Romero fue liberado, sin embargo, los tres activistas fueron acusados de “traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”. Dos de ellos liberados el 26 de octubre de 2021 con la condición de que se presenten ante la justicia cada ocho días mientras se realiza el juicio en su contra; Javier Tarazona continúa detenido.

 

12 días después, el 14 de julio, diversas ONG como el Foro Penal denunciaron que la madre de Javier y Rafael Tarazona fue detenida por funcionarios del SEBIN, luego de que una patrulla aparcara a las afueras de la residencia con el objetivo de allanar el hogar de la familia Tarazona. Esa misma noche, la señora Teresa Sánchez fue devuelta a su hogar.

 

Previo a la detenciones, FundaRedes se había encargado de reportar la situación en la frontera colombo-venezolana debido al conflicto armado entre disidentes de las FARC y ELN con funcionarios del Estado venezolano, especialmente en el estado Apure. Este enfrentamiento fue manejado comunicacionalmente con bastante opacidad por el régimen, aumentando la propaganda a la FANB y la GNB en redes sociales como Twitter para manipular la narrativa al respecto, impidiendo que activistas y periodistas pudieran siquiera acercarse al lugar para reportar sobre la situación.

 

Así ocurrió el 31 de marzo de 2021, cuando se reportó la desaparición forzosa de los activistas Diógenes Tirado y Juan Carlos Salazar junto a los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández a manos de la GNB cuando se dirigían a la zona de conflicto para documentar los enfrentamientos. El 01 de abril la sociedad civil junto a diversas ONG y medios de comunicación posicionaron #LiberenALos4 con aproximadamente 23.900 tweets, al menos 88% de estos realizados por usuarios reales. Ese mismo día fueron liberados tras 24 horas de detención.

 

Con el inicio de este conflicto armado desde nuestro observatorio documentamos cómo el oficialismo también intensificó el “apoyo digital” a la FANB y a GNB, promoviendo tendencias en Twitter desde cuentas vinculadas a estos cuerpos de seguridad estatales con mensajes de operativos en varias zonas del país y propaganda a la Revolución Bolivariana. En 2021 registramos 322 tendencias de propaganda a estos organismos que generaron poco más de ocho millones de mensajes; la mayor cantidad de tweets se produjo en abril mientras se intensificaba el conflicto en la frontera, posicionando más de un millón y medio de mensajes en 34 tendencias.

 

El 02 de julio con la detención de Javier y Rafael Tarazona, Omar García y Yhonny Romero se posicionó como tendencia #LiberenActivistasDeFundaRedes, promovida por la sociedad civil y activistas, denunciando la arbitrariedad del proceso y exigiendo su liberación. Esta alcanzó 12.978 tweets aproximadamente, 84,21% de ellos fueron realizados por cuentas con comportamiento auténtico.

 

A la par cuentas vinculadas con el Oficialismo Radical posicionaron la etiqueta #TarazonaMercenario, celebrando su detención, acusándolo de conspirar y “colaborar con las FARC” y ser un “emisario de la CIA”; esta registró aproximadamente 1.642 tweets y 15,29% de sus mensajes fueron realizados por posibles cuentas automatizadas o con comportamiento inauténtico.

 

 

El 03 de julio de 2021, un día después de la detención de los activistas, se posicionó nuevamente una tendencia de protesta social respecto: #LiberenALos3DeFundaRedes, con aproximadamente 7.104 tweets de los cuales al menos el 93,68% fueron realizados por usuarios reales fue promovida por la sociedad civil, condenando este acto y demandando justicia debido a la persecución continua a los activistas y defensores de los DDHH en Venezuela.

 

El 16 de julio #DefensoresDeVenezuela con aproximadamente 1.043 tweets fue tendencia en Venezuela exigiendo la liberación de los detenidos de FundaRedes. A través de esta misma protesta social digital el 14 de agosto comenzó la exigencia de una medida humanitaria para Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García con #MedidaHumanitaria, que alcanzó alrededor de 2.912 tweets.

 

El 27 de enero de 2022 se posicionó otra etiqueta más relacionada con Tarazona, #LiberenALosProfe, exigiendo su liberación y la de su colega Robert Franco, secretario general del Sindicato de Profesionales de la Docencia de Carúpano (estado Sucre) con 11.200 tweets aproximadamente. El posicionamiento de estos mensajes ha permitido denunciar el abuso institucional en el caso y visibilizar la violación a los DDHH de los activistas venezolanos en espacios donde se construye la opinión pública y que, de alguna manera, influyen en quienes toman las decisiones políticas y en la comunidad internacional.

 

Sin embargo, no es la primera vez que el oficialismo manipula Twitter para posicionar tendencias que “justifiquen” sus acciones a través de campañas de desprestigio, difamación y ataque contra actores de la sociedad civil que denuncien corrupción, violaciones de derechos humanos o cualquier otro hecho contrario a las versiones del régimen; el periodista Roberto Deniz es un buen ejemplo de esto por dedicarse a reportar sobre el caso de Álex Saab.

 

LOS ATAQUES INICIARON MUCHO ANTES DE LA DETENCIÓN

 

FundaRedes nos explicó que en marzo de 2020 registraron el primer ataque significativo por parte del Estado en contra de la organización y su director; este provino de Diosdado Cabello, en aquel entonces Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, quien en su programa de televisión “Con el Mazo Dando” habló sobre la “Furia Bolivariana” y en contra de FundaRedes, generando mensajes de odio hacia activistas y opositores de Nicolás Maduro. Esto se tradujo en que la casa de Javier Tarazona fuese marcada con graffitis de “La Furia Bolivariana (la FB) XXXX”.

 

En noviembre de 2020 el entonces “protector del estado Táchira”, Freddy Bernal, afirmó que Tarazona debía ser “citado por los tribunales” y acusó a los miembros de FundaRedes de ser “asalariados de Estados Unidos”. La ONG señaló que estas amenazas siguieron a través de las redes sociales y de la mensajería de Whatsapp “casi a diario”.

 

El 22 de marzo de 2021, cuando Tarazona reportó el conflicto armado en el estado Apure a través de sus cuentas personales de Twitter e Instagram, recibió mensajes de amenazas y hostigamiento en su contra y de FundaRedes, cuya sede fue atacada con armas de fuego destrozando la estructura externa.

 

La coordinadora de documentación de derechos humanos de FundaRedes, Clara Ramírez, nos relató que posterior a la detención de Javier y Rafael Tarazona junto a Omar García, la organización fue víctima en diferentes oportunidades de ataques e intentos frustrados de acceso a algunas cuentas de correos, así como a las redes sociales oficiales.

 

Javier Tarazona cumple 389 días detenido ilegalmente por el régimen de Maduro, siendo sometido a tratos crueles, violando sus derechos por ser activista en defensa de los derechos humanos venezolanos. Además de la privativa de libertad injustificada, Tarazona y FundaRedes han sido víctimas constantes de las medidas represivas por parte del régimen, con el fin de ejercer presión e intimidación a través de distintos métodos para que las ONG que luchan por los derechos humanos en el país abandonen su causa ante los riesgos que puede implicar.

 

Desde ProBox nos solidarizamos con todo el equipo de FundaRedes y los perseguidos por el régimen venezolano; exigimos su liberación y el respeto a sus derechos fundamentales. También queremos alertar a la comunidad nacional e internacional sobre el uso de tropas digitales usadas por el oficialismo venezolano, no sólo para manipular la conversación digital a favor de sus narrativas, sino también para difamar a miembros de la sociedad civil y generar discursos de odio que “justifiquen” medidas autoritarias.

 

En países donde la mayoría de los medios de comunicación han sido censurados o bloqueados, la conversación en redes sociales es fundamental para la construcción del discurso público. Es por esto que estos regímenes invierten estrategias, desarrollo de tecnología y recursos con la intención controlar o manipular las redes sociales que representan hoy en día uno de los pocos espacios cívicos para la articulación de la protesta y la denuncia por parte de los ciudadanos en contextos autoritarios. Por lo que para poder usar este recurso de manera inteligente, estratégica y colectiva a largo plazo, debemos luchar por su libre acceso y organizarnos para mantener activa la protesta social digital que permite visibilizar los problemas de los ciudadanos, con la intención de lograr un espacio más equilibrado y confiable sobre lo que sucede en Venezuela en las redes.

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