Ley Especial de Ciberdelitos: manual para la censura digital exportado desde Nicaragua

Ley Especial de Ciberdelitos: manual para la censura digital exportado desde Nicaragua

Publicado el 31 Ene 2023

La legalización de la censura digital en la región

El 27 de octubre de 2020 se aprobó en Nicaragua la «Ley Especial de Ciberdelitos», la cual condena a quienes el régimen de Ortega considere que “difunden noticias falsas”, desinformación, información tergiversada, discurso de odio, etc. en medios tradicionales, redes sociales y cualquier forma de comunicación.

 

A pesar de que según la ONU los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta ley fue diseñada para censurar y justificar el ciberespionaje a los ciudadanos por parte del Estado, por lo que ha sido catalogada por opositores, periodistas y activistas como “Ley Mordaza”. En esta se establece y promueve la posibilidad de revisar todos los datos y contenidos digitales de las personas, avalando además el hostigamiento y la persecución contra cualquier tipo de disidencia.

 

Entre las cosas que se incluyen en el texto destaca que la propagación de noticias falsas, la información tergiversada que perjudique al país o a una persona y las publicaciones que inciten al odio y la violencia recibirán penas de uno a cinco años de cárcel cada una, según sea el caso de la violación. Así mismo también se incluyen delitos informáticos, que van desde la reproducción de contenidos hasta el ciberespionaje. Sin embargo, el Estado es quien decide si un contenido es falso o dañino.

 

Según el diario nicaragüense La Prensa, Donald Margarito Alvarenga Mendoza fue el primer opositor nicaragüense en ser condenado por violar esta legislación junto con la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, recibiendo una sentencia de 7 años de prisión que fue rectificada y aumentada a 12 años.

 

A este se le suman Harry Chávez, Douglas Cerros y Alexis Peralta, tres opositores que también recibieron sumas en sus condenas bajo la Ley de Ciberdelitos, sustentando las acusaciones en las publicaciones de sus redes sociales, la «propagación de noticias falsas» y el menoscabo de la integridad nacional.

 

En el año 2022 desde ProBox logramos registrar 192 tendencias sociopolíticas posicionadas en Twitter en Nicaragua, sumando alrededor de 29.089.168 mensajes. La mayor cantidad de estas etiquetas fue posicionada por el régimen nicaragüense, especialmente por sus simpatizantes y la “tropa sandinista”, quienes promovieron 95 tendencias que acumularon 600.158 mensajes aproximadamente.

 

Solo 31 de las 192 tendencias del año fueron impulsadas por la sociedad civil de Nicaragua como protesta social digital, generando 65.597 mensajes. Sin embargo, la etiqueta #SOSNicaragua fue posicionada al menos 14 veces, siendo la más repetida del año en el país exigiendo la libertad de los presos políticos, alertando sobre los ataques que sufren las ONG, las universidades y la iglesia; así como acompañando la difusión de videos sobre la participación del embajador nicaragüense en la OEA, Arturo MacFields, para denunciar la dictadura de Ortega y Murillo.

 

Entre las etiquetas más posicionadas durante el año también destacan dos promovidas por el régimen con una narrativa contraria: #UnidosEnVictorias (posicionada 11 veces) y #TropaSandinista (posicionada 8 veces) para exaltar el trabajo realizado por los gobernantes, disfrazar la realidad sociopolítica del país y demostrar la coordinación de usuarios de la “tropa” en apoyo al sistema político.

 

La manipulación de la información digital proviene del régimen

 

Si bien los simpatizantes del régimen generaron más conversación en Twitter dentro del país, estos mensajes tuvieron un mayor promedio de actividad coordinada de forma inauténtica con 39,03%; es decir casi 40% de la conversación fue manipulada para generar propaganda y desinformación en la plataforma.

 

Por su parte, la conversación promovida por los ciudadanos como protesta ante la persecución, la censura y la exigencia de libertad de los presos políticos tuvo un promedio de coordinación de 11% por lo que el 89% de sus mensajes fueron realizados por usuarios reales.

 

De acuerdo a nuestros registros más de 20 millones de mensajes en esta conversación provienen de 38 tendencias impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela (MIPPCI), siendo el segundo actor con más etiquetas, pero el primero en cuanto a número de tweets.

 

Esto se debe a que las tendencias promovidas por este ente del oficialismo venezolano también logran posicionarse en Nicaragua mediante la cooperación comunicacional que existe entre estos países para promover y amplificar sus narrativas, mismo caso que con el régimen cubano de Díaz-Canel del cual también registramos tendencias en la conversación digital de Nicaragua pero en menor medida (21 etiquetas que suman 5.116.044 mensajes apx.)

 

La conversación promovida por el MIPPCI registrada en Nicaragua tuvo un promedio de actividad inauténtica de 84,78% y las tendencias provenientes de Cuba obtuvieron un promedio de 56,58%.

 

Cuba y Venezuela buscan replicar la Ley de Ciberdelitos

 

Si bien Nicaragua fue uno de los primeros países de la región en aprobar una legislación que justifica la censura y la persecución, Cuba también hizo lo mismo con el Decreto-Ley 35 que regula el uso de las telecomunicaciones, incluyendo el internet, como respuesta a los “incidentes de ciberseguridad” experimentados en julio de 2021.

 

En el caso venezolano, si bien actualmente no existe una ley que regule de forma directa el contenido digital; a través de la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, así como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión aprobada en 2004 para regular los medios de comunicación, se censura y se criminaliza la libertad de expresión en todos los espacios.

 

Reiteramos nuevamente la alerta sobre la formulación de un anteproyecto de ley promovido por la Asamblea Nacional electa ilegítimamente en el 2020 para controlar el uso de las redes sociales en Venezuela, con el fin de limitar aún más los espacios digitales que a raíz de la censura en medios tradicionales se han convertido en la principal fuente de información, una ventana para la denuncia y para la libertad de expresión de los ciudadanos, activistas y disidencia en general.

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