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El próximo 25 de septiembre se celebrará en Cuba el referendo del Código de las Familias. Se trata del tercer referendo que se realiza desde la llegada de los Castro al poder. En un contexto cerrado, autocrático, con una carta magna que ilegaliza el pluripartidismo y establece que es un país con un modelo de partido único (Partido Comunista de Cuba), y que este “organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”, le queda muy poco para elegir a la ciudadanía.
La Constitución refrendada en 2019 establecía en su disposición transitoria décimo primera que “atendiendo a los resultados de la Consulta Popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) dispondrá, en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.”
Luego de una “consulta popular” no vinculante sobre el proyecto realizada entre febrero y abril, en la sesión legislativa del 22 de julio la ANPP aprobó la última versión del Código de las Familias y convocó para el 25 de septiembre el referendo para su aprobación. La jornada electoral se desarrollará entre las 07:00 hs y las 18:00 hs, y los electores se encontrarán con una papeleta con la pregunta “¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?”, y con las opciones “Sí” y “No”. Aquella que sume el 50% + 1 de los votos resultará ganadora.
En el reporte de DemoAmlat se abordan las dos experiencias refrendarias anteriores (1976 y 2019), así como las denuncias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones sobre las violaciones de los DDHH a las personas no oficialistas que quisieron participar en el proceso electoral 2017-2018, así como contra aquellas que quisieron monitorear el proceso.
También se da cuenta de la organización electoral de Cuba, y de cómo el Partido Comunista de Cuba se asegura por disposiciones de la Constitución y la Ley Electoral el nombramiento de las directivas del Consejo Electoral Nacional y de los provinciales, teniendo así el control de dichas estructuras.
Destaca la falta de instancias de control y auditoría en el sistema electoral, falencias que son de naturaleza estructural, ya que al estar ilegalizado cualquier otro partido u organización de la sociedad civil que no apoye al gobierno, los ciudadanos independientes no pueden auditar el proceso, que recae totalmente en el PCC y las organizaciones de masas que constitucionalmente están subordinadas a este.
En el reporte también se aborda la imposibilidad para acceder a la información oficial de la organización electoral. La web del Consejo Electoral Nacional (CEN) no cuenta con datos tan básicos como la composición de su directiva o las directivas de los Consejos Electorales provinciales o municipales, el presupuesto y la ejecución de los gastos o la ubicación de los centros de votación, entre otros.
Se destaca la falta de condiciones para ejercicios de observación, acompañamiento o monitoreo electoral. En la Isla no solo no está prevista esta figura, sino que está criminalizada. Esto explica que se ubique en el último lugar del índice de situación de la observación electoral en América Latina.
Mención especial tiene la campaña electoral. Aunque está “excluida” de acuerdo a la Ley Electoral, la élite del PCC ha utilizado todos los recursos del Estado, los medios oficiales y las cuentas institucionales y personales en redes sociales para hacer campaña a favor de la aprobación.
De hecho, el reporte cuenta con una contribución del Observatorio Digital de Probox que da cuenta de las acciones sofisticadas del gobierno cubano y la cooperación con los de Venezuela y Nicaragua para fijar tendencias de manera artificial en Twitter.
También se aborda la situación de los más de dos millones de cubanos que están en la diáspora y que por ley no tienen derechos políticos debido al requisito de “residencia efectiva”; que les arrebata su derecho a votar. El hecho es aún más grave si se toma en cuenta que más de 150 mil cubanos han ingresado a los Estados Unidos en los últimos 10 meses.
El reporte se presentará vía webinar en los próximos días y se pondrá a disposición de medios y organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente DemoAmlat presentará un segundo reporte en la semana previa al referendo.
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