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Cuando el régimen cubano se prepara para aprobar en diciembre su restrictiva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la sociedad civil cubana reactiva la campaña #TenemosDerechoASaber.
El Observatorio Legislativo de Cuba señaló que, aunque en diciembre Cuba podría dejar de ser uno de los pocos países de América Latina sin una ley de acceso a la información de carácter público, la Ley de Comunicación Social sigue representado un obstáculo para el ejercicio de ese derecho en la isla.
En un documento publicado en su página web, el Observatorio recordó que la Ley de Transparencia y Acceso a la información, aprobada en mayo pero no publicada aún en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, “no reconoce la personalidad jurídica de los medios de prensa independiente”.
La organización recalcó que la “consulta popular” del régimen sobre dicha Ley no significa que los criterios de la ciudadanía se tomen en cuenta, y que pese a su aprobación, será el ministerio del Interior (MININT) el que decidirá qué pueden conocer los cubanos.
Lo que dice la Ley
Al igual que la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, el Observatorio criticó que el anteproyecto contiene un concepto restrictivo de lo que constituye información pública.
También destacó “la falta de reconocimiento explícito de la obligación de transparencia activa de toda la información relacionada con el patrimonio de los funcionarios públicos, los procedimientos para la participación política de los ciudadanos y las formas para acceder a datos públicos y de interés general”.
A todo lo expuesto se añaden otros factores del contexto político y jurídico cubano. Entre estos sobresale la aprobación el 26 de mayo de 2023 de una Ley de Comunicación Social, aún no publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que no reconoce la personalidad jurídica de los medios de prensa independiente.
A esto se le suma la criminalización del periodismo realizado por dichos medios a partir de la entrada en vigor de disposiciones normativas como el Código Penal y los decretos leyes No. 35 y 370, así como los elementos señalados del anteproyecto de Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El abogado de Diario de Cuba, Edel González Jiménez, llamó la atención sobre el hecho de que ambos decretos leyes se aprobaron en la fecha prevista, según el cronograma legislativo fijado en junio. Otras normas que estaban incluidas en el cronograma desde 2019 aún no han sido aprobadas.
“La dirección política del país concibe al tema como una prioridad, no así el desarrollo y entrega de libertades y derechos individuales negados y aplazados”, dijo el jurista. Ejemplo de lo anterior son la norma que debe regular los derechos constitucionales a manifestarse y reunirse de manera pacífica, y a la vivienda.
«La norma es una forma de perfeccionar y actualizar los viejos mecanismos que afectan severamente el alcance del derecho de información que el Artículo 53 de la Constitución dice reconocer a los ciudadanos», señala González Jiménez.
Los superpoderes del MININT para censurar
Según la información recibida desde Cuba, el MININT continúa teniendo las facultades de dictar normas y procedimientos en materia de Seguridad y Protección de la Información Oficial; realizar inspecciones, auditorías y controles de la Seguridad y Protección a la Información Oficial, incluyendo la Criptografía y la Seguridad Informática. También para promover la formación de personal calificado y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en materia de Seguridad y Protección a la Información Oficial, la Seguridad Informática y la Criptografía.
“Estas súper facultades son las que impiden en realidad la parte o el contenido esencial de los derechos de acceso a la información, de divulgación, de crítica u opinión de los cubanos, habida cuenta que queda corto o pequeño aquello que no es clasificado como secreto o limitado para la sociedad. El Gobierno y sus dependencias quedan atados de pies y manos a los intereses del MININT”, explica González Jiménez.
“El MININT es el que tiene el control y el monopolio de los datos y la información que debe clasificarse en Cuba. De hecho, si alguna información tiene que ser clasificada y no se encripta, hay multas para los funcionarios que están a cargo de estos departamentos”.
El jurista señaló que, aunque todos los países tienen normativas para clasificar información, “este proceso es mínimo u excepcional, ya que cuentan a cabalidad con el principio de máxima publicidad. En Cuba, aunque el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información reconoce este principio, tal reconocimiento es pura letra”.
#TenemosDerechoASaber: la campaña ciudadana
La campaña en redes sociales bajo la etiqueta #TenemosDerechoASaber es una iniciativa promovida desde Alianza Regional, una red de 17 ONG en 15 países de las Américas que trabajan regionalmente para mejorar y garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión.
Con esta campaña, la Alianza Regional busca visibilizar las realidades de Cuba en materia de acceso de información y las restricciones que existen a pesar de la nueva Ley que el régimen busca promover.
“#TenemosDerechoASaber es una campaña para difundir el derecho a informarse y saber, entre la ciudadanía cubana”, señala la Alianza en un mensaje en su cuenta de X.
“Atendiendo a que el acceso a la información pública constituye un “derecho-llave” (puede ayudar a la ciudadanía a exigir con mayor certeza y fundamentación otros derechos), medios de prensa y proyectos cubanos nos hemos nucleado en coordinación con la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información para presentar una campaña conjunta en favor del derecho de acceso a la información pública”, se lee en la página web de la campaña.
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