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Sobre la mesa de la Asamblea Nacional de Nicaragua se encuentra la iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes que busca sustituir a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, y que esconde entre sus 154 artículos, la intención de conocer lo que ven, lo que escuchan y los mensajes que envían los ciudadanos en el país.
Con la implementación de esta legislación, los ciudadanos se sentirán observados por el régimen cada vez que entren en la web. Como el ojo de la providencia (el ojo que todo lo ve), Ortega planea con esta Ley tener el poder de acceder a la mayor información posible de quien quiera y cuando quiera.
Obligados a dar información
Mientras la exposición de motivos asegura que el objetivo central de la iniciativa es “alcanzar un nivel muy cercano a la denominada regulación 4G y facilitar una conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible a todos los usuarios del país”, los expertos aseguran que el trasfondo principal será un mayor control.
El artículo 109 es uno de los que genera más alarma, pues se obliga a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a suministrar toda información que sea requerida por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor):
“Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias.. Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”, establece el proyecto de Ley.
Al ser tan amplio a la interpretación, con esta disposición, el régimen puede profundizar la búsqueda de “traidores” dentro de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, o posibilitar a Telcor pedir información hasta de lo que un usuario ve en televisión, consume en redes sociales o busca en internet.
Control y vigilancia a los operadores
No solo los ciudadanos estarán más vigilados en Nicaragua, los operadores de telecomunicaciones también estarán mucho más monitoreados y deberán actuar según dictamine Telcor.
La importación de equipos tecnológicos que quieran realizar los operadores estará a cargo de Telcor. Además, cada operador deberá permitir cualquier inspección en sus instalaciones, así se den por la fuerza.
De hecho, el proyecto de Ley obliga a los operadores de telecomunicaciones a unirse a las cadenas de radio y televisión, y poner a disposición del Gobierno de manera gratuita sus instalaciones y servicios en caso de emergencia nacional o regional.
De negarse o incumplir cualquier disposición de la Ley, los operadores enfrentarán sanciones que van desde 0.5% hasta 2,5% de sus ingresos brutos derivados del año anterior por infracción de la ley.
Renovación de licencias en juego
La propuesta contempla un plazo máximo de seis meses después de entrada en vigencia de la nueva Ley para reemplazar todos los títulos habilitantes o licencias de operadores que ya están aprobados en el marco de otras leyes en Nicaragua. Esto obligaría a todos los operadores y proveedores de servicios a someterse a un proceso de renovación de sus licencias de operación, algo que hasta ahora había sido automático.
Esta situación traerá dos consecuencias favorables para el régimen: la primera es que podrá quitar licencias a quienes no estén alineados con su visión sin tener que dar una justificación, y la segunda es que percibirá nuevos ingresos, debido a que todas las operadoras deberán pagar nuevamente sus licencias.
La aprobación de esta Ley es prácticamente un hecho ante una Asamblea Nacional dominada por el Frente Sandinista, por lo que las restricciones de los ciudadanos se amplían más en un país considerado por Freedom House como el país que en los últimos 10 años ha tenido la mayor caída en materia de derechos para sus ciudadanos y que se encuentra catalogado en la región, junto a Venezuela, Cuba y Haití, como un país sin libertades ciudadanas.
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