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Esta columna fue escrita por Marión Briancesco Arias, Directora de Programas en ProBox, para la revista digital La Silla Vacía.
Una parte importante de nuestro trabajo en ProBox consiste en seguir cómo se mueven ciertas narrativas en el entorno digital latinoamericano, quién las impulsa, cómo se amplifican, qué actores las replican y de qué manera moldean la conversación pública, sobre todo en contextos autoritarios. Esa experiencia me ha dejado una idea cada vez más clara: en América Latina hablamos poco de lo difícil que es investigar con rigor la manipulación e interferencia informativa extranjera, o FIMI (por sus siglas en inglés).
Visto desde fuera, este tipo de operaciones puede parecer relativamente fácil de identificar. Una narrativa favorable a un gobierno autoritario empieza a circular con fuerza, ciertas cuentas se activan al mismo tiempo, un medio supuestamente independiente replica líneas afines a un actor estatal extranjero, y la tentación es pensar que estamos frente a una operación perfectamente delimitada. Pero en la práctica casi nunca funciona de una manera tan nítida. Una cosa es encontrar señales, patrones o indicios que levantan sospechas, y otra muy distinta es demostrar que detrás de ellos existe una operación manipuladora, intencional y coordinada impulsada por actores extranjeros.
Por ejemplo, desde ProBox se ha documentado que la estrategia de influencia de China en Centroamérica no se limita a la inversión o a la diplomacia tradicional en países como Panamá, El Salvador y Costa Rica, sino que también busca posicionar discursos favorables al régimen chino en redes sociales y medios de comunicación, al tiempo que presentan de forma crítica las posiciones de Estados Unidos en debates tecnológicos y comerciales.
En Nicaragua, una investigación con Expediente Público y La Prensa documentó una estructura jerárquica de amplificación en la que la Presidencia de Nicaragua marcaba la línea discursiva, y esta era reproducida por medios oficialistas y cuentas afines para reforzar narrativas de cooperación y “hermandad” entre Managua y Pekín. Otra investigación mostró cómo esa influencia incluía formación ideológica para comunicadores nicaragüenses y financiamiento de campañas digitales con una inversión estimada de alrededor de 75.700 dólares entre enero y septiembre de 2025, donde entre los principales anunciantes figuraba la Embajada de China en Nicaragua.
En Venezuela, una investigación de la alianza informativa C-Informa mostró cómo portales extranjeros y pseudo-informativos (entre ellos sitios que republicaban contenidos de Sputnik y RT) ayudaron a amplificar teorías de conspiración, noticias falsas y desinformación sobre la guerra de Ucrania, la pandemia y la crisis venezolana. No todo eso puede etiquetarse automáticamente como FIMI en sentido estricto, pero sí muestra hasta qué punto la propaganda autoritaria y los circuitos internacionales de amplificación pueden entrelazarse en la región.
Y a veces, lo más valioso que puede documentarse no es una “gran revelación” sobre una operación extranjera perfectamente cerrada, sino un conjunto de patrones tales como quién amplifica, con qué recursos, en qué momentos, con qué lenguaje, a través de qué plataformas y en alianza con qué actores locales. Pero incluso frente a esos hallazgos, el salto entre una sospecha razonable y una prueba rigurosa sigue siendo enorme. Y eso no ocurre porque falte rigor periodístico o capacidad investigativa, sino porque estas operaciones se mueven en un entorno cada vez más complejo: plataformas restrictivas, datos cerrados, recursos escasos y estructuras diseñadas, justamente, para dificultar la atribución.
Por ejemplo, varias de las herramientas que durante años permitieron investigar estos fenómenos se han vuelto inaccesibles o demasiado costosas para proyectos pequeños y organizaciones independientes. En 2023, los cambios en el acceso al API de Twitter golpearon el trabajo de monitoreo de ProBox y de muchas otras organizaciones, volviendo más difícil tanto el acceso a datos como su procesamiento. Y en 2024 Meta cerró CrowdTangle, una herramienta usada por periodistas e investigadores para seguir la circulación de contenidos en sus plataformas.
Además, muchas de las organizaciones que hacemos este trabajo en América Latina operamos con pocos recursos, equipos pequeños y dependencia de la filantropía y la cooperación internacional, justo en un momento en que ese ecosistema de apoyo también atraviesa tensiones profundas. A eso hay que añadirle los riesgos propios de investigar en contextos de cierre cívico, donde el trabajo puede implicar hostigamiento, vigilancia, bloqueos o campañas de desprestigio.
Por eso cada vez estoy más convencida de que estas investigaciones no pueden hacerse en solitario. No es casualidad que varios de los trabajos más sólidos que hemos impulsado hayan surgido en alianza con medios y organizaciones de distintos países. Si las operaciones son transnacionales, su investigación también tiene que serlo. Ninguna redacción ni ninguna organización pequeña debería cargar sola con la tarea de entender ecosistemas de influencia que cruzan fronteras, plataformas, idiomas y contextos políticos distintos.
Todo esto se vuelve todavía más importante en períodos electorales, cuando la conversación pública es más vulnerable a campañas de manipulación, propaganda y desinformación coordinada. Y ahora, además, se suma la capa de la inteligencia artificial, la cual no reemplaza las viejas operaciones de influencia, pero sí puede hacerlas más rápidas, más baratas y más difíciles de rastrear.
Por eso, para mí, la conversación urgente no es solo si América Latina está expuesta a la manipulación e interferencia informativa extranjera. Lo está. La pregunta es si realmente estamos creando las condiciones para investigarla a la altura del fenómeno. Y eso no depende solo de periodistas, medios u organizaciones que hacen este trabajo con recursos limitados y apostando a la innovación. También dependen de plataformas más transparentes, de mejores condiciones de acceso a datos y de presión política para exigir responsabilidades, algo especialmente difícil en contextos autoritarios, pero que al menos desde los países democráticos debería asumirse con más seriedad.
A la vez, la respuesta también pasa por fortalecer la colaboración regional, compartir conocimiento y ampliar las capacidades disponibles para que más periodistas, investigadores, ciudadanos y perfiles en formación puedan entender y analizar estos fenómenos. Porque frente a operaciones cada vez más complejas, la respuesta debe ser más comunidad, democratizar capacidades y exigir transparencia y responsabilidad por parte de las plataformas y de los actores públicos que pueden presionar por ella.
Esta columna fue escrita por Marión Briancesco Arias, Directora de Programas en ProBox, para la revista digital La Silla Vacía.
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