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La represión que se acentuó en Nicaragua desde las protestas 2018 también alcanzó a las redes sociales. El régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en medio de sus estrategia por mantenerse al poder no solo ha hecho uso de las armas y la violencia física para reprimir, sino que también se trazó una cruzada digital para eliminar cualquier forma de disidencia. La creación y consolidación de “granjas de trolls” que responden directamente a Murillo es una de formas que el régimen ha encontrado para acosar, amenazar y desacreditar a opositores, a la par de convertirse en una mina de desinformación dentro del país.
El más reciente informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por parte del Grupo de Expertos que evalúan la situación de Nicaragua revela cómo desde el 2018 se usaron recursos del Estado para crear y consolidar granjas de trolls en sedes de instituciones gubernamentales. Esta práctica se enmarca en lo que el Grupo de Expertos considera patrones de violaciones y abusos de derechos humanos dentro del país centroamericano. Esto se le suma a lo que, en ProBox hemos venido denunciando desde el 2020 respecto al creciente poder de las tropas sandinistas en línea, estrategia que ha sido documentada en múltiples informes de Freedom on the Net, evidenciado la constante manipulación y control de la información en internet por parte del régimen.
El informe reveló no sólo cómo operan estas “granjas de trolls”, sino también por qué esta práctica es considerada de sumo peligro para la libertad de expresión y los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses.
¿Qué es una “granja de trolls”?
Una granja de trolls es una entidad que gestiona miles o decenas de miles de usuarios falsos con el fin de generar un gran volumen de cuentas falsas que permiten disponer de una masa crítica suficiente como para modificar el discurso público y, con ello, la opinión.
A estas estructuras se les llama ‘granjas’ debido al proceso industrializado de ‘crianza’ o ‘siembra’ de noticias falsas o desinformación.
En el caso de las “granjas de trolls” del régimen de Nicaragua, el objetivo principal es el ataque a opositores, la manipulación de la conversación digital, así como la contaminación de la conversación pública. Un patrón que se repite en otros países autoritarios de la región y aliados de Nicaragua, como lo es Cuba y Venezuela.
El nacimiento de la “granja de trolls” en Nicaragua
El Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua señala que las “granjas de trolls” de Nicaragua iniciaron sus actividades en 2018 en el Centro de Convenciones y Eventos Paebanic, en Managua.
En su página web, este centro de convenciones se identifica como un lugar cuyo objetivo principal es aportar al desarrollo del capital humano del Ministerio de Educación de Nicaragua y sus instalaciones están destinadas al Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos (Paebanic).
El informe reporta que al proyecto inicial de “granjas de trolls” en Paebanic le siguió uno similar en uno de los auditorios del Tecnológico- Inatec y poco después se trasladó a la sede de el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Este fenómeno no es nuevo, pero tampoco parece resolverse. En 2020, Meta anunció el desmantelamiento de una red de cuentas vinculadas al gobierno de Nicaragua, específicamente manejadas desde el Ministerio de Comunicación, lo que evidenció el uso de plataformas digitales para manipular la opinión pública y atacar a opositores.
“El Grupo de Expertos tiene motivos para creer que la directora general de Telcor, Nahima Janett Díaz Flores, albergó en las dependencias de Telcor y en otros edificios, las llamadas “granjas de trolls” cuyo objetivo fue acosar y difamar a opositores mediante la diseminación de desinformación y ataques cibernéticos”, apunta el informe.
Rosario Murillo como la líder de las “granjas de trolls”
Según el Grupo de Expertos de la ONU, las “granjas de trolls” son controladas por la Red de Jóvenes Comunicadores y la Secretaría Nacional de Organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional y responden directamente a la ahora copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.
Según la información recabada por el Grupo de Expertos, en 2018 el coordinador nacional de la Red de Comunicadores de la Juventud Sandinista, llevaba a cabo la coordinación de la actividad de estas granjas tanto en Paebanic como en Inatec Central y en el “proyecto digital” instalado en el cuarto piso del edificio de Telcor.
“El coordinador nacional transmitía las instrucciones de la Vicepresidenta Murillo, recibidas a través del secretario de organización nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Fidel Antonio Moreno Briones, o del coordinador nacional de la Juventud Sandinista, Milton Ruíz García”.
Además, las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia también albergaron una “granja de trolls”. Esta granja era dirigida por el coordinador de los trabajadores judiciales en el sindicato Confretajun-FNT.
Según fuentes del Grupo de Expertos, se recibían las orientaciones del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la institución, el magistrado Marvin Ramiro Aguilar.
Lo que cuentan los trolls de Murillo
El Grupo de Expertos recibió un testimonio de una persona que había trabajado como “troll” en el Paebanic. Según el informante, se instaló un centro de cómputo que contaba con un área dedicada exclusivamente al contenido de redes sociales, inclusive bots, para la creación de perfiles para generar contenido en redes y desinformar.
Esta persona relató lo siguiente:
“También estaban los comunicados de la Rosario Murillo que nos llegaban puntualmente cada mediodía con toda la información a seguir y con titulares para compartir en redes sociales. Eso lo enviaba el administrador principal de la granja de trolls de una vez. Él era el administrador principal de este grupo y era quien metía y sacaba gente y daba permisos. Era quien enviaba aquellos textos más importantes”.
No solo son las “granjas de trolls”
Este bloqueo se suma a una serie de restricciones que han afectado el acceso a información desde el extranjero. En nuestro informe 2023-2024 sobre Nicaragua, desde ProBox analizamos cómo este régimen ha restringido el acceso a múltiples sitios web estatales, impidiendo que nicaragüenses en el exilio puedan consultar información pública clave.
Además, la persecución en redes en Nicaragua está legalizada. La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en 2020, ha sido utilizada para perseguir a periodistas y ciudadanos por publicaciones en redes sociales, imponiendo penas de prisión bajo acusaciones de “difusión de noticias falsas” o “incitación al odio”.
El Grupo de Expertos reseñó la cancelación de las señales de transmisión de medios de comunicación independientes como 100% Noticias, Radio Darío, y Radio Sky y otros, así como el corte de la grilla de transmisión de la cadena CNN en español.
“Estas acciones conllevan significativas restricciones al derecho a la libertad de expresión que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información”, apuntaron.
Además, en los últimos meses, el régimen de Nicaragua ha escalado su campaña de censura en línea contra la prensa independiente en Nicaragua al bloquear los dominios “.ni” de varios medios. Esta medida afectó a plataformas como 100% Noticias y La Prensa, fundamentales en la difusión de información verificada sobre la crisis sociopolítica del país.
Restricciones a la libertad de expresión en Nicaragua
Nicaragua ha experimentado un deterioro significativo en la libertad de prensa en los últimos años. Informes de organizaciones como Freedom House han documentado cómo el país ha pasado de ser considerado “parcialmente libre” a estar clasificado como “no libre” en términos de acceso a la información, derechos civiles y digitales.
La represión contra periodistas, el cierre de medios de comunicación independientes y la criminalización de la disidencia ha sido una de las principales estrategias del régimen de Ortega para silenciar voces críticas.
Además, informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado violaciones continuas de derechos humanos, incluyendo restricciones a la libertad de expresión, persecución de opositores políticos, organizaciones de la sociedad civil, entidades religiosas, entre otros. Obligando a la mayoría de los periodistas independientes a operar desde el exilio.
Desde 2018, más de 200 periodistas han sido forzados a abandonar Nicaragua debido a la persecución estatal. Esta diáspora ha cambiado la dinámica del periodismo en el país, ya que gran parte de los medios independientes que operaban con dominios “.ni”, para identificarse como nicaragüenses, ahora dependen de plataformas externas para continuar informando.
Sin embargo, la ausencia de reporteros en el terreno ha dejado grandes zonas grises informativas. Así lo revela un informe de junio a septiembre de 2024 realizado por la Fundación por la Libertad y Expresión y Democracia (FLED), en el que sus hallazgos indican que en el 53% del país la censura y los medios oficialistas acaparan todo el espacio informativo, contabilizando 9 departamentos del país sin práctica de periodismo independiente.
A la par de esta asfixia a la libertad de expresión en Nicaragua, se ha identificado que medios estatales y aliados al régimen gestionan talleres de formación a periodistas a través de programas internacionales, como los impulsados por RT (Russia Today), un canal financiado por el gobierno ruso. Según nuestra investigación junto a Expediente Público, esta estrategia forma parte de un plan más amplio para reforzar el control informativo del régimen y llenar el vacío dejado por la prensa independiente con discursos alineados a sus intereses.
Para más información sobre manipulación sociopolítica en redes pueden seguirnos en las redes sociales como @ProBoxVe
