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La represión que experimenta Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio no es nueva, pero sí está repotenciada. Un nuevo informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU lo ratifica: Nicolás Maduro, junto a los miembros de su Gobierno y las fuerzas del Estado, han intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.
En 21 páginas, el informe de la ONU logra resumir la situación de los derechos humanos en Venezuela entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. La conclusión es devastadora: el país ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Quitarse la máscara y revelar abiertamente una postura dictatorial para instaurar el miedo a través de la persecución y la represión ha sido el modus operandi.
“Las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”, apunta el informe.
Ante la presentación del informe en la Asamblea de la ONU el pasado 20 de septiembre, Marta Valiñas, presidenta de Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela fue clara: “la situación en la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo a partir del 28 de julio, se ha convertido en una de las crisis de Derechos Humanos más agudas en la historia reciente del país”.
Desde ProBox resumimos los puntos claves del informe, el cuál muestra el rostro oscuro de la dictadura de Nicolás Maduro que con represión y miedo intenta mantenerse en el poder tras las denuncias de fraude electoral de la oposición venezolana.
Lo que dice el informe
1. Un plan diseñado
La Misión señala que las violaciones que se han documentado después del 28 de julio solo representan una muestra del universo mucho más amplio y no solo pueden entenderse como producto de la crisis postelectoral sino que son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión para desalentar, silenciar y anular la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro, a quien se le reclama transparencia en los resultados electorales.
“En este contexto la misión llegó a la conclusión de que algunas de las graves violaciones de Derechos Humanos investigadas durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta que fue caracterizada por la misión en formas anteriores como crímenes de lesa humanidad.”
2. Detenciones
En el período previo a las elecciones, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras personas. Entre estas se incluyen personal militar, así como defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.
Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso.
3. Asesinatos
La misión investigó de manera preliminar y confirmó la muerte violenta de 25 personas en el contexto de concentraciones o protestas ciudadanas. Según el informe, 24 de ellas murieron por disparos de arma de fuego y la mayoría eran hombres jóvenes (menos de 30 años) de barrios populares.
“La misión aún no tiene evidencia suficiente para atribuir autoría por estas muertes, pero en varios casos, la Misión alcanzó a documentar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas. Estos cuerpos de seguridad en ocasiones estaban acompañados de grupos de civiles armados que también disparaban armas de fuego contra manifestantes”, aseguró la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
4. Operación TunTun
Aunque continúa la detención de miembros de la posición política y miembros de la sociedad civil, incluyendo periodistas, La Misión señaló que la mayoría de las víctimas de detenciones tras las elecciones provenían de barrios populares y fueron identificados por las fuerzas de seguridad tras la obtención de videos o fotografías publicadas en redes sociales o tras la acusación de personas de partidos de gobierno en respuestas de llamados del propio del presidente.
“Estas detenciones fueron masivas, indiscriminadas y se ejecutaron a partir de planes preconcebidos como la amenaza de la operación Tun Tun”.
Bajo esta modalidad, en el último mes y medio, la Misión logró documentar 143 detenciones, incluido 66 militantes o dirigentes de siete diferentes partidos de oposición, donde los cuerpos de seguridad entraron en viviendas particulares sin las órdenes judiciales necesarias y detuvieron a las personas ante la desesperación de los familiares. “En varios casos investigados por la misión, los funcionarios no conocían el nombre de la persona a detener. Además, las casas de las personas que habían participado en protestas o eran sospechosas de haber participado fueron marcadas con una x”, asegura la presidenta de la Misión.
4. Niños detenidos
El Informe de la Misión también recoge los casos de los niños detenidos en el marco de las protestas: “La misión documentó la detención de al menos 158 niños, un fenómeno nunca antes registrado con tal alcance. Estos niños y niñas fueron detenidos después de las protestas e imputados por graves delitos como terrorismo e incitación al odio”.
Reafirmando además que ya han podido documentar graves violaciones de los estándares Internacionales de protección de la niñez.
5. Actos de tortura
La Misión reveló que continuaron los actos de tortura y tratos inhumanos o degradantes, por parte de la fuerza de seguridad o los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersion en agua fria y provocación forzada del sueño.
Asimismo, se han seguido registrando actos de violencia sexual o basados en género, normalmente en centros de detención que se incrementaron tras la crisis postelectoral. La Misión documentó manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas, insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra mujeres que visitaban a sus entes queridos en los centros de detención.
6. Leyes para reprimir
Las violaciones descritas por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU tuvieron lugar en un marco cada vez menos democrático y reducido. El pasado 15 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la conocida “Ley anti-ONG”, a pesar de las recomendaciones de lo contrario de la ONU así como de la oficina del Alto Comisionado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El texto aprobado es incompatible con normas y estándares internacionales del derecho a la libertad de asociación y restringe aún más la capacidad de actuar libremente a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos”.
La Asamblea Nacional también avanzó en el trámite de aprobación del proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares. “Bajo una definición amplia y ambigua de fascismo y neofascismo, el proyecto criminaliza expresiones legítimas en una sociedad plural”, asegura Valiñas.
Lo que respondió el régimen de Maduro
En su intervención tras la presentación del informe, el embajador de Venezuela ante la ONU, Alexander Yañez, calificó como “panfleto” al informe de la ONU, restándole importancia y cuestionando su carácter metodológico.
“La redacción del informe no sólo es vulgar sino que busca imponer las narrativas de la derecha fascista venezolana de la cual se inspira está írrita Misión (…) No tenemos motivos razonables para creer en una fábula inventada por personas inexistentes, sin rostro, sin identificación. El reporte es un adefesio, una piratería malintencionada hecha con saña”, dijo.
El miembro de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezolana, Vial de Francisco Cox, respondió a lo dicho por el embajador venezolano con una frase: “Hay una metáfora que grafica su intervención: un bosque de palabras en un desierto de ideas”.
El llamado a la comunidad internacional
En este reporte se enfatizó que lo documentado en el marco temporal del mandato de la Misión constituyen crímenes de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos, ya que se incluyen detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de asociación y reunión y la libertad de expresión.
Marta Valiñas señaló también que las graves violaciones de derechos humanos y delitos se siguen cometiendo y cientos de personas, incluidos niños y niñas, continúan detenidos en condiciones inaceptables, aumentando su riesgo de ser sometidos a actos de tortura y malos tratos incluido la violencia sexual basada en género.
“La comunidad internacional enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución para que las violaciones y delitos que se han cometido y que siguen cometiéndose no queden en la impunidad y para dar aliento a las víctimas asegurando que puedan obtener justicia”, aseguró.
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