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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) presentó el 17 de septiembre su informe «La continuidad del aparato represivo del Estado», expuesto un día después ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
El documento confirma lo que organizaciones de la sociedad civil han documentado durante años y que, pese a cambios políticos limitados desde enero de 2026, la infraestructura legal, tecnológica y humana de represión digital sigue intacta.
“La reducción de represión es significativa, pero no constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, advirtió Sofía Macher, presidenta de la Misión, al presentar los hallazgos. Su colega María Eloisa Quintero fue más allá y pidió “medidas decisivas hacia la rendición de cuentas” y justicia transicional centrada en las víctimas.
De las leyes represivas al bloqueo de medios y la persecución
El informe traza una arquitectura legal construida durante más de dos décadas para darle cobertura jurídica a la censura. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000) le da a Conatel la potestad para aplicar procedimientos arbitrarios contra medios críticos, mientras que la Ley RESORTE habilita el bloqueo de sitios web y el control temático de contenidos.
El instrumento más usado, sin embargo, es la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017), que castiga la “incitación al odio” con penas de entre 10 y 20 años de cárcel y delitos imprescriptibles. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 siguió siendo la herramienta primaria para encarcelar a periodistas, creadores de contenido y usuarios comunes por publicaciones en redes sociales.
A ella se suma la Ley de Fiscalización de ONG (2024), que impone suspensiones preventivas sin derecho a la defensa y ha asfixiado el financiamiento de la sociedad civil, y la Ley Orgánica contra el Bloqueo Imperialista, con penas de hasta 30 años para medios que difundan contenido considerado favorable a las sanciones internacionales.
Además, la Misión constató el bloqueo ininterrumpido de más de 200 portales de noticias y dominios digitales, además de servicios de VPN usados para evadir la censura. El 17 de septiembre, mismo día en que la Misión presentó su informe, el Gobierno anunció el restablecimiento del acceso a medios y portales bloqueados en el marco del llamado “Programa de Paz y Convivencia Democrática”; pero el desbloqueo fue parcial.
Según el monitoreo de Conexión Segura del 20 de septiembre, 188 dominios seguían censurados, entre ellos 55 medios de comunicación. Solo 15 dominios fueron desbloqueados desde el anuncio, y 11 de ellos funcionaban sin anomalías 48 horas después. También seguían afectadas herramientas de privacidad, VPN, plataformas económicas y portales de ONG.
El informe también documenta al menos 26 comunicadores detenidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, así como agresiones físicas, robo de equipos y hostigamiento por parte de colectivos armados durante coberturas en calle. El caso de Nicmer Evans, director del medio Punto de Corte, es uno de los más citados. Fue detenido en diciembre de 2025 por el SEBIN sin orden judicial, tras informar sobre la muerte bajo custodia del exgobernador Alfredo Díaz, estuvo incomunicado 72 horas en El Helicoide antes de ser excarcelado y amnistiado en marzo de 2026.
La Misión también documentó dos asesinatos de periodistas en 2026. El primero fue Walter Alexander Jaimes, hallado sin vida en marzo con señales de violencia, y Yolimar Hidalgo, hallada muerta en su vivienda en Aragua con un disparo en la cabeza el mismo mes. En ambos casos, los organismos de investigación no ofrecieron información oficial oportuna.
Tecnología al servicio del control y la vigilancia
Más allá de la censura directa, el informe describe un ecosistema de manipulación digital. VenApp, la aplicación promovida por el Gobierno, fue instrumentalizada para incitar denuncias anónimas entre vecinos, mientras que el Sistema Patria centraliza datos personales, bancarios y de ubicación usados para perfilamiento político y control electoral a través de los llamados “puntos rojos”.
La Misión identificó redes de cuentas inauténticas e inteligencia artificial en plataformas como Instagram y YouTube, que simulan noticieros internacionales para inflar el respaldo al Gobierno y neutralizar el impacto del periodismo independiente. La información recabada por redes de «patriotas cooperantes» es canalizada hacia programas como Con el Mazo Dando para exponer y estigmatizar públicamente a voces críticas.
El capítulo de cibervigilancia es, quizás, el más revelador. La red de videovigilancia estatal, interconectada con el sistema VEN 911 y los Cuadrantes de Paz (CUPAZ), pasó de 3.920 cámaras en junio de 2025 a más de 7.000 en diciembre del mismo año, muchas de ellas instaladas en semáforos y esquinas urbanas para identificar retroactivamente a manifestantes.
A esto se suman las llamadas “alcabalas digitales”, en las cuales las fuerzas militares, policiales y colectivos armados exigen revisar celulares y chats de WhatsApp sin orden judicial, exponiendo a las víctimas a extorsión o detención arbitraria. La estatal CANTV y las operadoras privadas, según el informe, están sujetas a requerimientos del SEBIN y la DGCIM para interceptar llamadas, correos y datos privados.
Las exigencias de la Misión
Entre sus recomendaciones finales, la FFM exige:
- Derogar la Ley contra el Odio y la Ley de ONG.
- Desbloquear todos los medios digitales y garantizar el acceso libre a internet.
- Desmantelar el ciberpatrullaje, la videovigilancia masiva y las revisiones ilegales de dispositivos móviles.
Informar, opinar y expresarse no es un delito. Frente al aumento del control digital documentado por la propia ONU, la evidencia sigue siendo la mejor herramienta para romper el cerco de la censura y defender los derechos humanos en Venezuela.
Este informe llega, además, en un momento decisivo: el mandato de la Misión vence este año, y el Consejo de Derechos Humanos tiene prevista la votación de su renovación entre el 5 y el 7 de octubre, en el cierre del 63º período de sesiones.
Organizaciones de sociedad civil piden extender el mandato hasta 2028, con el argumento de que este mismo informe confirma que el riesgo que justificó su creación sigue vigente.
