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La vigilancia en Nicaragua ya no es solo una práctica sostenida por estructuras territoriales o acciones discrecionales de la Policía. En los últimos años, el régimen ha consolidado un ecosistema de control que combina monitoreo estatal, delación ciudadana, herramientas digitales y ahora un marco legal que facilita el acceso a comunicaciones, datos y metadatos de la población. La vigilancia dejó de ser un mecanismo informal para convertirse en una política pública institucionalizada.
Con la entrada en vigencia de las primeras normativas de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes, el régimen adquirió un nuevo nivel de capacidad para regular, sancionar y supervisar servicios digitales. Estas medidas se suman a un patrón de espionaje, hostigamiento y monitoreo dentro y fuera del país, documentado por organismos nacionales e internacionales. El resultado es un entorno donde la comunicación privada, el uso de internet y las interacciones digitales quedan bajo la sombra permanente de un Estado que vigila.
Telcor: el nuevo centro del control digital
Las primeras seis normativas publicadas por el Instituto nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) otorgan al regulador un control ampliado sobre todo el ecosistema de telecomunicaciones. Desde licencias para operar hasta la instalación de redes, el organismo puede autorizar, supervisar, suspender o revocar servicios esenciales.
El alcance es amplio: telefonía fija y móvil, internet, transmisión de datos, uso del espectro y hasta futuros servicios derivados de la evolución tecnológica. Las empresas deben cumplir plazos estrictos, presentar garantías económicas y someterse a inspecciones periódicas. Tres meses de impago o la acumulación de infracciones graves pueden costarles la licencia.
Entre las “infracciones muy graves” figura una que alerta a especialistas: no garantizar la privacidad de comunicaciones, datos y metadatos. Esto, combinado con la capacidad sancionatoria del ente regulador, abre la puerta a un escenario donde el Estado condiciona el funcionamiento de operadoras bajo criterios que afectan directamente la seguridad digital de los usuarios.
Para organizaciones especializadas en libertad digital como ProBox, el impacto es evidente. Mariví Marín Vázquez, nuestra directora ejecutiva y fundadora, advierte que la nueva estructura regulatoria “no solo extiende el control informativo hacia los medios tradicionales y digitales, sino que ahora incorpora de manera directa a los proveedores de internet”. A su juicio, esto configura un escenario donde los operadores quedan “supeditados a los criterios del ente regulador”, ampliando la capacidad del Estado para intervenir sobre el funcionamiento y la autonomía de las telecomunicaciones.
“La conectividad y la privacidad quedan condicionadas a la aprobación constante de Telcor”, afirma. Para Marín, Nicaragua “se vuelve cada vez un modelo mucho más cerrado, quizás como es el caso de China, donde todo está dirigido, regido, regulado monitoreado por el partido del Estado”.
Un sistema de vigilancia que empieza en los barrios
La vigilancia no se sostiene únicamente desde la regulación. Desde hace más de una década, el régimen ha consolidado mecanismos territoriales que funcionan como redes de monitoreo comunitario. Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) recogen información, reportan movimientos y señalan a personas consideradas críticas
Según la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDHEU), los CPC funcionan como una fuerza parapolicial que actúa sin uniforme, pero con capacidad real de intimidación, utilizando redes sociales y grupos de mensajería para señalar a supuestos opositores.
Estos mecanismos se articulan con la Policía Nacional, que puede actuar sobre la base de informes informales o denuncias vecinales sin evidencia verificable. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado cómo estos reportes derivan en procesos arbitrarios, hostigamiento o detenciones.
Para el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) son el brazo civil del régimen Ortega-Murillo. Han participado en actos de violencia física, persecuciones y amenazas, y están claramente articulados con estructuras como la Juventud Sandinista. Estas redes funcionan como piezas operativas del sistema represivo, aunque no porten uniforme, y forman parte integral del aparato estatal de control y represión en las comunidades.
En los últimos años, el modelo se ha combinado con prácticas de vigilancia digital: capturas de pantalla, monitoreo de redes sociales y recolección de información en grupos de mensajería utilizados como insumos para acusaciones o amenazas.
La plataforma digital de denuncias: delación sin garantías
Desde 2021, la Policía mantiene activo un formulario digital para denunciar a cualquier persona. Aunque la herramienta solicita datos completos del denunciante, no exige pruebas verificables ni asegura que el proceso sea revisado con criterios técnicos o judiciales.
Investigaciones independientes han mostrado que estas denuncias pueden activar hostigamiento físico, citatorias policiales o vigilancia focalizada. En algunos casos, alimentan expedientes abiertos contra periodistas, líderes comunitarios o ciudadanos que expresan opiniones críticas en redes.
El uso de esta plataforma ha reforzado un clima de autocensura digital: publicaciones eliminadas, perfiles cerrados y grupos de mensajería que han migrado a sistemas más privados por temor a filtraciones.
Espionaje y hostigamiento digital: un patrón documentado
Entre 2023 y 2025, organizaciones como PCIN, CIDH y el GHREN de la ONU describieron un patrón sostenido de ataques digitales contra periodistas, activistas y defensores. Hackeos dirigidos, phishing, malware y accesos no autorizados se utilizan para intimidar, bloquear investigaciones o comprometer fuentes.
Los informes coinciden en que los ataques no son aislados: siguen ciclos que aumentan previo a coberturas sensibles o a fechas políticas. Algunos periodistas han reportado campañas de hostigamiento coordinado, suplantación de identidad y mensajes amenazantes enviados desde cuentas falsas.
Para el politólogo Francisco Mayorga, el contenido del discurso refleja no solo el deterioro físico de Ortega, visible en su tono errático y aspecto desmejorado, sino también el desgaste político de un régimen que ya no disimula.
“Estas violaciones vienen acumulándose desde 2007, cuando Ortega y Rosario Murillo asumieron el control real del país. Lo que antes era encubierto, ahora es descarado”, afirma.
Además, la vigilancia digital y física también se extiende fuera de Nicaragua. Los hallazgos del GHREN son fundamentales para entender la dimensión del fenómeno. Su informe de septiembre de 2025, “Nicaragua: Persecution Beyond Borders – Exile and Transnational Human Rights Violations”, documenta cómo el Estado nicaragüense emplea vigilancia física, monitoreo digital, seguimiento territorial, control migratorio y campañas de difamación para rastrear a opositores en Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, México, España y Estados Unidos.
La actualización presentada el 30 de octubre de 2025 ante la Asamblea General de la ONU profundiza estos hallazgos y destaca que Costa Rica continúa siendo el país más afectado debido a la alta concentración de exiliados.
El informe de PCIN, “Del destierro al ciberataque”, confirma que los periodistas en el exilio son blanco prioritario del espionaje digital. Los ataques buscan intimidar, interrumpir investigaciones y comprometer la seguridad de las fuentes. Esto coincide con lo presentado por CEJIL ante la Corte Interamericana, donde se detalla un patrón sostenido de vigilancia extraterritorial y con el informe de CPJ “Forced to flee: Exiled journalists face unsafe passage and transnational repression”.
Un ecosistema de control que se consolida
La combinación de la nueva Ley de Telecomunicaciones, las redes de vigilancia territorial, el formulario digital de denuncias y la represión extraterritorial configura una arquitectura de vigilancia integral.
Lo que antes operaba como prácticas dispersas ahora se articula en un sistema donde el Estado regula la infraestructura, monitorea el territorio, vigila el espacio digital y persigue a quienes se consideran adversarios, incluso fuera de las fronteras.
El avance de estos mecanismos ocurre en paralelo a una reducción sostenida de las libertades digitales. Según el informe más reciente de Freedom House, el país obtiene apenas 38/100 en libertad de internet, lo que lo ubica en la categoría de “No libre” dentro del índice Freedom on the Net.
Nicaragua ingresa así en una etapa donde la vigilancia digital deja de ser un complemento del autoritarismo para convertirse en uno de sus pilares centrales.
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