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El 10 de julio de 2026, la Asamblea Nacional del Poder Popular publicó el Proyecto de Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio y habilitó un correo electrónico para recibir opiniones ciudadanas. Apenas 20 días después, el 30 de julio, la norma fue aprobada en sesión ordinaria. La nueva ley sustituye el marco establecido por el Decreto Ley 248 de 2007 y se presenta como una actualización del sistema de identificación, pero en la práctica amplía la cantidad y sensibilidad de los datos que el Estado cubano puede concentrar sobre cada persona y permite buena parte de su gestión y control en manos del Ministerio del Interior (MININT).
No es un giro aislado. Ocurre en un país donde la vigilancia digital, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento a periodistas y activistas están ampliamente documentados, y donde el propio Estado ha buscado en Rusia, y antes en China, tecnología y conocimiento para fortalecer sus capacidades de control. Además, llega mientras Cuba atraviesa una de las crisis eléctricas más severas de su historia reciente, con apagones que en algunas zonas superan las 20 horas diarias.
En paralelo, el aparato de comunicación estatal presentó el proceso bajo un marco de “normalidad legislativa”. La ley apareció junto al Código de Trabajo y los proyectos sobre vivienda, tierras y reorganización de la administración central, mientras la Fiscalía General y otras cuentas oficiales utilizaron etiquetas como #CubaLegisla y #PoderPopular para difundir reuniones, consultas y debates parlamentarios. En esa narrativa, el énfasis estuvo en el proceso legislativo y la modernización del sistema, mucho más que en el alcance de los datos que quedarían bajo control estatal.
El cuerpo convertido en datos, bajo control del MININT
La ley amplía considerablemente el catálogo de información biométrica asociada a la identidad de los ciudadanos. A la fotografía y las huellas dactilares que ya formaban parte del sistema cubano se suman expresamente el rostro o los rasgos faciales, la voz, el iris, la firma, el color de piel, el color de ojos y la estatura.
El cambio no es menor. Rasgos como el rostro, la voz o el iris no funcionan como una contraseña que puede reemplazarse después de una filtración. Son identificadores permanentes y, combinados, permiten reconocer a una persona incluso sin que participe activamente en el proceso.
A cada ciudadano cubano y extranjero residente se le asigna además un número de identidad único, irrepetible e invariable, pensado para identificarlo en los registros públicos. Ese número puede funcionar como punto de conexión entre información que hasta ahora estaba distribuida en distintos sistemas: nacimiento, domicilio, datos físicos e identidad digital.
A esto se suma la Identidad Digital Certificada, una representación electrónica de la identidad física para autenticarse y realizar trámites en plataformas digitales. El sistema estará articulado alrededor de un “Proveedor de Identidad Digital Único” y bajo la autoridad del MININT, conectando de manera directa la identidad física de cada ciudadano con su actividad frente a los servicios digitales del Estado.
El problema no es únicamente cuánto se recoge, sino quién controla todo el sistema. La Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía del MININT dirige y controla el nuevo esquema. El Ministerio administra el registro central, interviene en la certificación de la identidad digital, puede solicitar información a entidades públicas y privadas e imponer sanciones. Las reclamaciones contra decisiones de la autoridad pasan primero por la propia estructura administrativa antes de llegar eventualmente a los tribunales.
Opacidad por diseño
No existe una autoridad externa e independiente con capacidad para auditar el sistema, investigar posibles abusos o exigir responsabilidades al MININT. Esto resulta especialmente relevante porque el proyecto original tampoco establecía límites claros para la comparación remota de rostros o voces con otras bases de datos, ni prohibía expresamente el reconocimiento biométrico masivo.
La norma también refuerza el control sobre el domicilio. Los ciudadanos cubanos residentes en el país y los extranjeros residentes deben tener un único domicilio inscrito y mantenerlo actualizado. Propietarios, administradores y arrendadores adquieren obligaciones para informar sobre las personas que residen o dejan de residir en determinados inmuebles. El sistema contempla además sanciones por incumplimientos y amplía los supuestos en los que las autoridades pueden ocupar el carné de identidad, incluyendo cuando una persona es conducida a una estación o unidad policial.
Los estándares internacionales sobre sistemas biométricos exigen precisamente contrapesos frente a estas capacidades: necesidad, proporcionalidad, seguridad, transparencia y supervisión independiente. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido sobre el potencial de estas tecnologías para ampliar la vigilancia estatal. Y, en Cuba, esas capacidades quedan concentradas en una institución que forma parte central del aparato de seguridad y de vigilancia del Estado.
#CubaLegisla: normalizar la vigilancia como trámite administrativo
La comunicación oficial alrededor de la ley ayuda a entender cómo fue presentada ante la población. Desde su publicación el 10 de julio, el proyecto circuló en cuentas de canales estatales como el de la Asamblea en Telegram, principalmente como parte del calendario legislativo ordinario y no como una reforma que ampliaba sustancialmente la infraestructura biométrica del país.
Bajo etiquetas como #CubaLegisla y #PoderPopular, la Asamblea Nacional lo difundió junto a otras leyes sobre vivienda, tierra, trabajo y reorganización de la administración pública.
Tras el correspondiente proceso legislativo, los diputados aprobaron la ley «Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio»#PoderPopular #CubaLegisla pic.twitter.com/4qBZAWCniI
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) July 30, 2026
El mismo encuadre se repitió en las páginas de medios estatales como la agencia Cubana de noticias. Juventud Rebelde presentó la publicación del proyecto como una vía para promover la “participación ciudadana” y contribuir a la “cultura jurídica de la población”. Granma lo incluyó primero dentro del paquete de normas para actualizar el ordenamiento jurídico y, el 30 de julio, cuando fue aprobado, le dedicó una sección propia centrada en la modernización del sistema, la integración de la identidad física y digital y la seguridad de contar con un registro único. Las publicaciones oficiales revisadas explicaron esos objetivos, pero no detallaron qué nuevos datos personales quedarían integrados en el sistema.
Para encontrar esa información hay que ir al proyecto de ley completo publicado por la propia Asamblea. En el Capítulo VI, dedicado al Registro de Identidad Personal y Domicilio, el artículo 61 enumera entre los datos objeto de inscripción el rostro o los rasgos faciales, las huellas digitales, la firma autógrafa, la voz, el iris, el color de la piel, el color de los ojos y la estatura. El registro estará además a cargo de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía del Ministerio del Interior (MININT), con jurisdicción nacional.
La biometría, por tanto, no está oculta en el texto legal. La diferencia está en cómo se comunicó la reforma: mientras el articulado permite dimensionar la cantidad y sensibilidad de la información que pasará a concentrarse en un mismo sistema estatal, la narrativa institucional alrededor de su discusión y aprobación puso el foco en modernización, seguridad, identidad digital y participación ciudadana. Lo que se presentó públicamente como una actualización del sistema de identificación supone también reunir bajo una misma infraestructura datos físicos permanentes capaces de individualizar a cada persona, dentro y fuera de Cuba.
El precedente ruso: de DATYS a las cámaras del metro de Moscú
Nada de esta infraestructura surge de cero. Desde hace años Cuba amplía sus capacidades de vigilancia con apoyo tecnológico de Rusia y China. China ha sido un socio importante en telecomunicaciones e infraestructura digital, mientras el marco regulatorio cubano se ha endurecido en paralelo. El Decreto-Ley 35 de 2021, por ejemplo, amplió las facultades estatales sobre telecomunicaciones y ciberseguridad bajo conceptos como seguridad, orden interior y defensa nacional.
Con Rusia, la cooperación ha llegado también a la vigilancia física. En mayo de 2025, Diario de Cuba reportó la visita de Miguel Díaz-Canel al Centro de Monitoreo de San Petersburgo, donde conoció el sistema municipal de videovigilancia. Meses después, el Ministerio de Comunicaciones cubano y autoridades de esa ciudad firmaron un acuerdo para trasladar la experiencia rusa al proyecto “Varadero Digital”, que contempla el desarrollo del polo turístico bajo el concepto de “ciudad segura”.
A esto se suma DATYS, empresa tecnológica vinculada al MININT y especializada en identificación, biometría y seguridad. En junio de 2025 firmó un acuerdo de cooperación con la rusa NtechLab, desarrolladora de FindFace, tecnología de reconocimiento facial utilizada por las autoridades de Moscú para identificar personas mediante su sistema de videovigilancia según documentó una investigación de Reuters. En 2023, la Unión Europea sancionó a NtechLab por su participación en tecnologías utilizadas en el contexto de graves violaciones de derechos humanos.
El vínculo cobra especial relevancia ahora: mientras Cuba crea el marco jurídico para centralizar rostro, voz, iris, domicilio e identidad digital, profundiza la cooperación con actores que ya han desarrollado tecnologías capaces de convertir esos datos en herramientas de identificación a escala.
Vigilar en medio del apagón
La ley llega, además, en un momento crítico para la infraestructura eléctrica y tecnológica cubana. Durante 2026, el Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido nuevas desconexiones totales, sobre una crisis que se arrastra desde 2024 y que ha dejado extensas zonas del país sometidas a cortes diarios prolongados.
En julio, los apagones llegaron a superar las 20 horas en distintos territorios y algunas zonas acumularon jornadas prácticamente completas sin servicio. El problema responde a un sistema obsoleto, con una combinación de falta de combustible, deterioro de la infraestructura y averías recurrentes en un parque termoeléctrico envejecido y mal conservado, con déficits de generación que han llegado a superar los 2.000 megavatios.
Ese es el telón de fondo sobre el que Cuba amplía su sistema de identificación biométrica avanzada: una ley que exige mantener actualizado el domicilio, permite sancionar incumplimientos y crea una arquitectura para centralizar datos de los ciudadanos e identidad digital.
Mientras el Estado tiene dificultades para garantizar electricidad durante buena parte del día, avanza al mismo tiempo hacia uno de los sistemas de identificación biométrica centralizada más amplios y sofisticados de su historia.
