en 
Escucha el #AudioReportePB de esta nota aquí:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó su 192° Período de Sesiones, durante el cual se llevaron a cabo 32 audiencias públicas. De estas, 27 abarcaron situaciones específicas de derechos humanos en 17 países y 5 lo hicieron a nivel regional. El tema Venezuela fue foco en dos audiencias y ProBox participó en una de ellas.
En audiencias públicas, la CIDH recibió a representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los Estados miembros.
“Venezuela se mantiene en el centro de atención de la CIDH, durante las 2 audiencia sobre este país, la CIDH pudo obtener información sobre la situación de personas privadas de libertad en el contexto postelectoral, recibió testimonios de familiares de víctimas y sociedad civil sobre detenciones arbitrarias, torturas y graves condiciones de detención. Otro tema incluyó la situación de las libertades de expresión, asociación, reunión y prensa”, reportó el organismo en su comunicado de prensa.
La audiencia en línea “Venezuela: Situación del derecho a las libertades de expresión, asociación, reunión y prensa” contó con la participación de distintos actores de la sociedad civil venezolana que expusieron la situación que atraviesa el país en materia de derechos humanos, así como las peticiones formales que se hacen desde distintos organismos a la CIDH y al Estado venezolano.
Además de Probox, representado por su directora ejecutiva Mariví Marín Vázquez, en la audiencia en línea participaron representantes de las siguientes organizaciones:
- Cazadores de Fake News
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
- Espacio Público.
- Free Press Unlimited
- Freedom House
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Fundamedios.IFEX – ALC
- Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela)
- Redes Ayuda
- Reporteros sin Frontera
- Voces del Sur.
Los números de las violaciones de las libertades de expresión en Venezuela
Representantes de las distintas organizaciones que trabajan en Venezuela expusieron en datos la realidad que vive tanto la prensa, como los defensores de derechos humanos y la sociedad civil en el país.
La ONG Espacio Público reveló números claves:
- Durante 2024, Espacio Público registró más de 300 casos de violaciones a la libre expresión, con un incremento de 52% respecto al 2023.
- Se registraron 99 detenciones arbitrarias en 2024, 36 de ellas por supuesta instigación al odio. De estas detenciones, 71 fueron hacia personas que no se dedican profesionalmente a la comunicación y comparten contenidos en los medios y plataformas a su alcance
- La cobertura periodística, la difusión de información o contenidos de interés público también fueron causa de varias detenciones y procesos penales. Del total de detenciones, 24 fueron de periodistas y trabajadores de la prensa el año pasado
- 2025 inició con una nueva ola de detenciones arbitrarias hacia políticos, activistas, y personas defensoras de derechos humanos. En apenas dos días, 7 y 9 de enero, más de 50 personas fueron detenidas según organizaciones locales.
- Entre enero y febrero, registramos 13 detenciones por ejercer la libertad de expresión, seis de periodistas y trabajadores de la prensa. Desde el 28 de julio a la fecha, ocho periodistas están en la cárcel, al menos tres a causa de su trabajo, y una decena enfrenta procesos judiciales.
- La sanción de leyes avanza para intentar validar e incrementar la persecución, debilitando el espacio cívico, y con ello criminalizar también la libertad de expresión y asociación.
En la audiencia también se nombraron casos emblemáticos de detenciones contra defensores de derechos humanos como el periodista y director de Espacio Público, Carlos Correa (excarcelado), la directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel (detenida desde hace un año) y el director de Fundaredes, Javier Tarazona (detenido hace más de tres años).
La anulación de pasaportes como castigo
En Venezuela, la anulación de pasaportes ha emergido como una táctica de represión contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. Esta situación fue denunciada durante la audiencia.
Los datos son claves. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC) y el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS-Venezuela) realizaron una investigación cualitativa en la que documentaron 40 casos de anulación de pasaportes, especialmente en los meses posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Para el director de la ONG Redes Ayuda, Melanio Escobar, la estrategia de anulación de pasaportes no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de persecución estatal que se suma a otras formas de represión.
“La falta de transparencia y la inexistencia de un procedimiento legal claro para la revocación de pasaportes han generado un clima de incertidumbre entre los afectados. Esta práctica afecta no solo a quienes han sido directamente perseguidos, sino también a sus familias y al derecho de la ciudadanía a estar informada”, aseguró.
Además, el patrón de anulación de pasaportes no se limita a figuras de alto perfil. Muchas de las personas afectadas tenían una exposición pública media o baja, lo que indica que el régimen no solo persigue a los líderes más visibles, sino que busca generar miedo entre todos los que trabajan en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
La desinformación y la persecución digital
Desde Venezuela, los organismos de la sociedad civil también denunciaron que la desinformación es un recurso crucial que es usado regularmente por el Estado venezolano para justificar medidas de control contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
“Para controlar información y contenidos, el gobierno venezolano ha aplicado algunas estrategias como censurar páginas web y controlar lo que se dice en medios de comunicación tradicionales. Pero también ha intentado desacreditar y estigmatizar de forma sistemática la labor de periodistas y activistas, presentándolos como parte de un supuesto plan desestabilizador, una narrativa que ha servido de antesala a su persecución y judicialización”, señaló el director de Cazadores de Fake News, Adrián González.
Sin embargo, no solo la desinformación se usa como arma, sino que la represión que se vivió de forma física también tomó presencia en las redes. Nuestra directora ejecutiva, Mariví Marín, denunció el despliegue de una maquinaria digital de persecución y desinformación respaldada por instituciones estatales y fuerzas de seguridad.
“Uno de los mecanismos más alarmantes es VenApp, presentada como una plataforma de denuncias ciudadanas, pero utilizada como herramienta de delación y persecución contra voces críticas. Esta estrategia ha sido clave en la Operación Tun Tun, una cacería que comienza en el ámbito digital para luego trasladarse a allanamientos y arrestos dirigidos”, denunció Marín.
Pero el Estado no solo persigue: también manipula. En la audiencia ante la CIDH se denunció la activación de una campaña digital masiva para desacreditar las denuncias de fraude y minimizar la violencia post-electoral. “Se intentaron ridiculizar las pruebas de irregularidades presentadas por la oposición y observadores internacionales, utilizando un ejército de cuentas automatizadas, medios aliados y operadores digitales para amplificar la narrativa oficial”, aseguró la directora de ProBox.
La solicitud de la sociedad civil a la CIDH
Las organizaciones que participaron en la audiencia en línea ante el CIDH llegaron con una lista de solicitudes para restablecer el estado de derecho en temas de libertades de expresión en el país.
Más de 10 peticiones quedaron reflejadas sobre la mesa:
- Liberar de manera inmediata a los ocho periodistas que permanecen encarcelados.
- Levantar los cargos contra las personas periodistas detenidas arbitrariamente.
- Poner fin al abuso del sistema judicial para perseguir y silenciar a la prensa y garantizar un entorno mediático libre y plural, protegiendo a periodistas y verificadores de hechos contra la violencia y el acoso.
- Garantizar a los periodistas y medios de comunicación el acceso inmediato a los resultados detallados del escrutinio del 28 de julio.
- Detener el uso de concesiones y medidas administrativas por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones -CONATEL- como forma de control de medios radiales y televisivos.
- Cesar el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia como VenApp
- Detener inmediatamente la anulación arbitraria de pasaportes y otras prácticas represivas.
- Garantizar el derecho a la identidad y la libertad de circulación sin restricciones políticas.
- Permitir la emisión y renovación de documentos sin trabas administrativas o discriminación política.
- Desbloquear los portales, sitios de noticias y plataformas verificadoras cuyo acceso ha sido restringido.
- Derogar la Ley Contra el Fascismo, la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines debido a su inconstitucionalidad y su uso arbitrario para perseguir a la sociedad civil..
- Cumplir con los estándares internacionales de libertad de expresión y cesar el uso de medios estatales para difundir desinformación con fines políticos.
- Abstenerse de realizar operaciones de información que manipulen la opinión pública, difundan desinformación o inciten al odio.
- Aplicar el Plan de Acción de Rabat para evaluar discursos de odio sin vulnerar la libertad de expresión de ciudadanos, activistas y periodistas.
Venezuela vive una situación de “terrorismo de Estado”
La primera vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, puso énfasis en no naturalizar lo que está ocurriendo en Venezuela contra los periodistas, contra los defensores de derechos humanos y contra el pueblo en general.
“Es indescriptible la frustración que sentimos quienes tenemos que proteger derechos humanos cuando no podemos hacer más”, aseguró.
Pochak también apuntó a la gravedad de la situación en Venezuela, la cual va más allá de una falta de democracia, sino que está categorizada por la Comisión como una situación de “terrorismo de Estado”.
“En Venezuela hay un ecosistema de represión, no hay independencia judicial, hay un uso abusivo de la fuerza, hay una práctica sistemática de la desaparición forzada, hay una alteración de los resultados electorales, hay una situación de temor generalizado entre la práctica de delación entre vecinos y la propia sociedad civil. Eso es terrorismo de Estado acá y en cualquier lugar del mundo”, aseguró.
Desde la CIDH se reconoció la labor de los representantes de las ONG y sociedad civil que asistieron en la audiencia. “Realmente lo que vienen a hacer ustedes en esta audiencia es una epopeya enorme”, señaló Andrea Pochak.
