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¿Qué tienen en común un ciudadano promedio que vive en Kiev y otro que reside en Managua? Aunque los separan miles de kilómetros y realidades culturales distintas, hoy ambos pueden estar bajo mayores formas de vigilancia que comparten tecnologías, lógicas y marcos legales similares. En Rusia y Nicaragua, estos mecanismos apuntan en una misma dirección: disuadir la crítica, moldear la narrativa pública y contener la disidencia. Y, cuando eso no basta, simplemente apagar la red.
Esta cooperación entre ambos países en materia de vigilancia y control de las comunicaciones no es reciente: se ha venido consolidando desde hace años. Mientras el gobierno ruso aporta tecnología y asesoramiento al régimen de Daniel Ortega, Nicaragua ofrece territorio (tanto terrestre como en el ámbito espacial) para la instalación de infraestructura vinculada a satélites y sistemas de navegación desde 2015.
En paralelo, distintos marcos legales refuerzan esta lógica de control. La reciente reforma a la ley “Sobre Comunicaciones” en Rusia permite apagar el internet en cualquier momento; mientras que en Nicaragua, la entrada en vigor el año pasado de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes refuerza la vigilancia y la intervención de todo el ecosistema digital.
Hoy, los ciudadanos de Rusia y Nicaragua transitan sus ciudades sometidos a una estricta vigilancia cada vez más sofisticada, respaldada por marcos legales e impulsada por la tecnología.
SORM-3: el sistema de espionaje ruso importado a Managua
Rusia lleva décadas perfeccionando sus capacidades de espionaje, y el régimen de Nicaragua ha replicado buena parte de esas prácticas, incorporando herramientas digitales diseñadas para el control de las voces críticas. Esta transferencia no solo implica tecnología, sino también métodos, marcos legales y lógicas de vigilancia estatal.
Desde 2018, en Managua se emplea el sistema ruso de vigilancia SORM, muchas veces sin que los ciudadanos tengan claridad sobre el alcance de este monitoreo. Un informe del Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales, adscrito al Departamento de Defensa de EE. UU., señala que la versión más avanzada de este sistema (SORM-3) es la que utiliza actualmente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El sistema SORM no es solo una herramienta tecnológica, sino un marco integral que combina infraestructura, normativas y capacidades de inteligencia. Fue desarrollado originalmente por la KGB a finales de los años ochenta, y ha evolucionado en distintas fases: desde la interceptación de llamadas telefónicas (SORM-1), pasando por el monitoreo de internet (SORM-2), hasta llegar a SORM-3, que permite no solo acceder a las comunicaciones; sino también procesar, filtrar y almacenar grandes volúmenes de datos sobre la actividad digital de los usuarios.
La vigilancia a los ciudadanos en el extranjero: una práctica compartida
La vigilancia en Rusia y Nicaragua no se limita al territorio nacional. Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU documenta que el aparato de control del Estado de Nicaragua opera también más allá de sus fronteras, a través de una red compleja de vigilancia e inteligencia que se extiende sobre la diáspora; mientras que en Rusia la realidad no es muy distinta.
Empezando con Nicaragua, el reporte de la ONU señala que la vigilancia en el exilio es una estructura que combina actores estatales y redes vinculadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y utiliza tecnologías digitales avanzadas para rastrear a exiliados. Las prácticas incluyen el hackeo de cuentas, la interceptación de comunicaciones, la vigilancia sistemática de redes sociales y el uso de programas espía. A esto se suman campañas coordinadas de acoso digital (con amenazas, difamación y doxxing) impulsadas por redes de bots y trolls asociadas a estructuras oficialistas y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, con el objetivo de dañar reputaciones y debilitar procesos de asilo o reubicación.
El informe también describe una arquitectura de inteligencia de múltiples niveles, donde participan fuerzas de seguridad, el servicio diplomático y actores no estatales, articulados bajo una cadena de mando centralizada bajo la figura de Rosario Murillo.
Este patrón de vigilancia, acoso y persecución a ciudadanos en el exilio es una práctica que Rusia ha venido aplicando durante años, y que hoy se asemeja a lo que ocurre en Nicaragua.
El Estado ruso clasifica a los exiliados como “terroristas” o “extremistas” para dificultar su supervivencia económica y social fuera del país. Además, una nueva ley en trámite en la Duma Estatal, titulada “Sobre medidas restrictivas temporales contra personas que se encuentran fuera de la Federación Rusa y que evaden sanciones”, busca privar de la ciudadanía a quienes consideran enemigos del Estado, consolidando así un mecanismo de represión extraterritorial que encuentra un espejo en Nicaragua, donde Daniel Ortega también persigue y limita derechos de ciudadanos exiliados (como el caso de los más de 317 nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen en febrero de 2023).
La represión rusa ha obligado a miles de críticos del Kremlin a exiliarse, pero los castigos no se limitan al destierro.
Desde marzo de 2022, en Rusia, periodistas condenados en rebeldía han recibido penas de prisión que promedian los ocho años, y algunos han sido objeto de ataques directos en el extranjero. Casos como el del periodista ucraniano Dmytro Gordon, condenado a 14 años de prisión en rebeldía y sobreviviente de dos intentos de asesinato, o los ataques contra el investigador Christo Grozev y el editor Roman Dobrokhotov, muestran cómo las condenas en ausencia pueden convertirse en un instrumento para intentar eliminar físicamente a opositores, más allá del ámbito legal.
Legislación estratégica: fortaleciendo la vigilancia en Rusia y Nicaragua
La vigilancia y el control de las comunicaciones está legalizada tanto en Rusia como en Nicaragua. La más reciente reforma aprobada en Moscú en materia de control de la red se dio en febrero de este año cuando la State Duma (la cámara baja del parlamento ruso) aprobó en segunda y tercera lectura una reforma a la ley federal “Sobre Comunicaciones”, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a suspender servicios de internet y telefonía cuando así lo exija el Federal Security Service (FSB). La legislación fue firmada por el presidente Vladimir Putin el 20 de febrero de 2026, y entró en vigor 10 días después.
La norma establece que los operadores deberán cumplir de forma obligatoria las órdenes de los servicios de seguridad y, al mismo tiempo, los exime de responsabilidad contractual ante los usuarios por las interrupciones de servicio que se produzcan como consecuencia de estas órdenes.
Otro elemento relevante es que la ley deja en manos del Presidente y del gobierno ruso la definición de las circunstancias en las que estas desconexiones podrán aplicarse, lo que permite ordenar y “justificar” cortes de comunicaciones a escala local o nacional mediante decretos posteriores.
La legislación formaliza prácticas que ya venían ocurriendo en el país. En los últimos años, distintas regiones de Rusia han experimentado interrupciones recurrentes de internet móvil, explicado por las autoridades como medidas de seguridad frente a amenazas militares o eventos sensibles.
Aunque en un contexto político y tecnológico distinto al de Rusia, Nicaragua ha avanzado en una dirección similar en materia de control estatal sobre las comunicaciones.
El 6 de noviembre de 2025 entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes (Ley 1223), aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2024 y publicada en el diario oficial La Gaceta. La normativa sustituyó a la antigua ley de telecomunicaciones vigente desde 1995 y amplió de forma significativa las facultades del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) sobre la infraestructura digital del país.
De acuerdo con el texto, TELCOR pasa a ser el regulador único del sector, con atribuciones para regular, planificar, supervisar, fiscalizar e inspeccionar a operadores, proveedores de servicios y plataformas que operen en el ecosistema digital.
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es el conjunto de disposiciones que obligan a las empresas de telecomunicaciones a entregar información al regulador.
El artículo 110 establece que los operadores deben proporcionar a TELCOR “toda la información requerida”, incluyendo datos estadísticos e información georreferenciada sobre el uso de los servicios. Este tipo de disposiciones abre la puerta a sistemas de vigilancia que permiten rastrear patrones de comunicación, ubicación y actividad en línea de los usuarios.
Aunque el régimen de Daniel Ortega presentó la reforma como “una modernización necesaria para impulsar la conectividad y reducir la brecha digital”, Freedom House advirtió que el alcance de la normativa permite transformar la regulación técnica en una herramienta de control político sobre las comunicaciones.
Organizaciones nicaragüenses dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos también han expresado preocupación por el impacto de estas regulaciones. La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) ha documentado en distintos informes el aumento de presiones, amenazas y procesos judiciales contra periodistas y comunicadores, mientras que el “Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más” ha advertido que el marco legal aprobado en los últimos años amplía las herramientas del Estado para vigilar, perseguir y silenciar voces críticas dentro y fuera del país.
La Ley de Telecomunicaciones Convergentes en Nicaragua no funciona de manera aislada. Forma parte de un marco jurídico más amplio aprobado por el gobierno de Ortega desde 2020 que ha ampliado las capacidades del Estado para controlar el espacio digital.
Entre estas normas destaca la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), que criminaliza la difusión de información considerada “falsa” o que genere “zozobra”, disposiciones que han sido utilizadas para perseguir a periodistas, activistas y opositores políticos.
A estas medidas se suman otras leyes como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación, que han servido como base legal para cerrar organizaciones civiles, confiscar medios de comunicación y procesar penalmente a críticos del gobierno.
Un modelo restrictivo que funciona
Lo que ocurre en Rusia y Nicaragua no es solo un ajuste legal o técnico: es la construcción de un modelo de control que atraviesa fronteras, regula comportamientos y redefine la libertad de expresión en línea.
Desde el uso de SORM-3 en Managua hasta la ley rusa que permite desconectar el internet a voluntad del FSB, ambos regímenes han demostrado que, en la era digital, la tecnología puede ser tan poderosa como cualquier ejército para vigilar, amedrentar y silenciar.
Además del control de redes y plataformas, Rusia ha trasladado a Nicaragua su modelo de formación y desinformación, capacitando a estudiantes de periodismo en técnicas de propaganda y adoctrinamiento. Esto refuerza un patrón autoritario integral: el Estado no solo regula y censura la infraestructura digital, sino que también busca moldear a quienes producen la información, consolidando un ecosistema donde comunicación, educación y poder político están estrechamente entrelazados.La lección es clara: controlar el internet se ha vuelto tan crucial como controlar el territorio. La vigilancia transnacional, las leyes restrictivas y la censura estratégica muestran que estos regímenes no solo buscan limitar la disidencia interna, sino proyectar su influencia y su miedo más allá de fronteras físicas.
