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El miércoles 24 de junio de 2026, mientras el país conmemoraba la Batalla de Carabobo y celebraba las festividades de San Juan, fue sacudido por el terremoto más fuerte registrado en los últimos 126 años. A las 18:04 hora local ocurrió un inusual “doblete sísmico”: dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 Mw separados por apenas segundos.
Tras una semana de la tragedia, el gobierno de Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo nacional, una medida anunciada en medio de crecientes cuestionamientos por la respuesta estatal durante la fase más crítica de la emergencia. Entre los principales señalamientos figuran los retrasos en el despliegue inicial de recursos, la ausencia de maquinaria pesada en varias de las zonas más afectadas y la escasa información oficial durante las primeras horas.
A ello se sumaron denuncias por la burocratización y politización de la asistencia humanitaria, incluyendo restricciones al acceso de voluntarios, periodistas y organizaciones civiles; así como el uso de canales controlados por el oficialismo para gestionar parte de la ayuda. Para los venezolanos, la tragedia también ha estado marcada por la opacidad y el control estatal sobre la respuesta a la emergencia.
El balance de la tragedia y las mediciones del macro-impacto
A un mes del doble terremoto, el balance consolida una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente del país. El último reporte oficial publicado el 22 de julio elevó la cifra a 5.398 fallecidos, 16.740 heridos (misma cifra reportada desde el 05 de julio), 17.907 personas sin hogar (misma cifra reportada desde el 07 de julio) y al menos 23.335 personas en campamentos.
La dimensión humana de la emergencia es aún mayor si se consideran las estimaciones de la ONU, que proyectan alrededor de 50.000 personas desaparecidas, presuntamente atrapadas bajo estructuras colapsadas o incomunicadas en zonas de difícil acceso. En paralelo, las operaciones de rescate han logrado salvar vidas de forma localizada: durante la primera semana se reportó que 6.461 personas fueron rescatadas con vida únicamente en las costas del estado La Guaira.
La magnitud de los daños materiales también varía según la metodología empleada, reflejando la complejidad de dimensionar una catástrofe de esta escala. Los satélites del programa europeo Copernicus identificaron 434 bloques completamente destruidos y 1.304 estructuras gravemente afectadas en las zonas de mayor impacto. Por su parte, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios contabilizó más de 9.000 edificios dañados, mientras que un análisis de la NASA estimó que cerca de 58.870 edificaciones sufrieron daños estructurales significativos o fueron destruidas en la franja norte del país.
En conjunto, estas evaluaciones muestran que la magnitud de la tragedia trasciende cualquier indicador aislado y que el alcance real de sus consecuencias humanas y materiales continúa siendo evaluado a medida que avanzan las labores de rescate y las inspecciones sobre el terreno.
Respuesta tardía del Estado y la parálisis logística en La Guaira
A pesar de la magnitud del desastre, la respuesta del aparato estatal fue duramente criticada por su lentitud en las llamadas “horas de oro”, las primeras y más críticas para salvar vidas
FUNVISIS, el ente gubernamental encargado del monitoreo sísmico, emitió su primer reporte tres horas y 40 minutos después del doble terremoto; y la primera declaración oficial de la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, llegó cuatro horas después del suceso.
En La Guaira, una de las principales denuncias fue la ausencia de maquinaria pesada durante las primeras 72 horas, lo que obligó a vecinos y voluntarios a remover escombros con sus propias manos. Reporteros de TalCual documentaron que hasta la tarde del 27 de junio apenas operaba una máquina en la zona; al día siguiente no había equipos oficiales y no fue sino hasta el domingo, 28 de junio, cuando comenzaron a desplegarse unidades pesadas del Estado.
En el edificio Coral Mar, los residentes denunciaron a los medios que ninguna autoridad acudió a inspeccionar los daños en los días posteriores al doble terremoto. En el complejo OPP 26, habitantes afirmaron haber impedido que funcionarios militares retiraran los pocos equipos que tenían disponibles para las labores de rescate.
La falta de recursos paralizó incluso el apoyo voluntario; un grupo de 12 operadores de maquinaria que viajó desde el interior del país debió detener sus labores debido a que, aunque sobraba personal calificado, no había maquinaria pesada del Estado para poder trabajar. Las pocas unidades presentes pertenecían al sector privado, presentaban desperfectos mecánicos o estaban completamente paralizadas por la severa escasez de gasoil.
En medio de la desesperación de los ciudadanos, también se multiplicaron las denuncias contra los cuerpos de seguridad. En redes sociales circularon videos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana restringiendo el paso de civiles que intentaban colaborar con los rescates, así como denuncias de presuntos robos cometidos por efectivos policiales en viviendas colapsadas. El 01 de julio, varios funcionarios fueron detenidos tras la difusión pública de estos hechos.
La solidaridad se organiza ante el vacío institucional
La respuesta ciudadana fue inmediata y precedió, por horas, a la llegada de las fuerzas públicas. Antes de que aparecieran los rescatistas del Estado, las imágenes de ciudadanos comunes organizándose entre los escombros en busca de sobrevivientes se esparcieron por todo el mundo. De forma autónoma, se activaron centros de acopio en iglesias, escuelas y empresas que gestionaron de forma independiente camiones particulares para trasladar insumos y comida hacia las zonas más afectadas.
Esta movilización nacional incluyó a grupos de motorizados que bajaron al litoral central provistos de picos y palas para sumarse a las tareas de rescate. También se organizaron brigadas espontáneas de ingenieros y arquitectos para evaluar la seguridad de edificaciones afectadas, mientras estudiantes de medicina y personal voluntario de salud prestaron atención primaria a heridos en refugios y comunidades, junto con decenas de iniciativas ciudadanas que coordinaron alimentos, medicinas y transporte.
Los venezolanos en el exterior también se sumaron a la respuesta mediante campañas de recaudación, envío de insumos y apoyo a organizaciones humanitarias, mientras que en Caracas se habilitaron refugios comunitarios en espacios como el Parque del Este, el Parque del Oeste y la Universidad Central de Venezuela.
Ante la falta de datos oficiales y el colapso de las comunicaciones, en redes sociales se activaron cuentas ciudadanas para la búsqueda de desaparecidos y la detección de edificaciones caídas. Mediante iniciativas conjuntas de la ONG Redes Ayuda y la empresa privada, se instalaron puntos de internet gratuito utilizando antenas Starlink para devolver la conexión a las zonas del desastre, a través del programa Reconecta Venezuela.
La respuesta también movilizó a la comunidad internacional. De acuerdo con cifras oficiales, más de 30 países enviaron equipos de búsqueda y rescate, personal especializado, insumos y caninos para apoyar las labores de emergencia. En paralelo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) coordinó el despliegue de decenas de equipos internacionales USAR, integrados por miles de rescatistas y perros de búsqueda procedentes de América, Europa, Asia y Oriente Medio, mientras distintas agencias multilaterales activaron sus mecanismos de asistencia humanitaria para respaldar la respuesta en el país.
Control de acopio, trabas internacionales y persecución política
La gestión de la emergencia también estuvo marcada por denuncias de centralización del control de la ayuda humanitaria, obstáculos a la cooperación internacional, hostigamiento a voluntarios y persecución política.
Centralización de los centros de acopio: organizaciones políticas y de derechos humanos denunciaron el desmantelamiento y la intervención de centros de acopio organizados por la sociedad civil. Coordinadores comunitarios en Caracas reportaron presiones de alcaldías y cuerpos policiales para entregar las donaciones a las autoridades, mientras que espacios como el Parque del Oeste, el Parque del Este y la Universidad Central de Venezuela pasaron a control militar.
Obstáculos a la ayuda internacional: equipos de rescate y cargamentos humanitarios enfrentaron retrasos y restricciones para ingresar al país. Bomberos de Medellín permanecieron retenidos durante cuatro horas en Maiquetía; brigadistas españoles sufrieron demoras por la falta de acreditaciones; equipos de Austria y Alemania no recibieron autorización para ingresar, y varios envíos internacionales de insumos permanecieron detenidos durante días por trámites burocráticos.
Hostigamiento a rescatistas y voluntarios: integrantes de misiones internacionales como el grupo de rescate Topos de Chile denunciaron restricciones para acceder a las zonas de trabajo, confiscación de equipos y acusaciones infundadas de espionaje. La Red de Voluntarios Intérpretes, creada para asistir a brigadistas extranjeros, suspendió sus operaciones tras denunciar acoso contra sus colaboradores por parte del SEBIN y la DGCIM.
Persecución política: en paralelo, la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado afirmó que el gobierno interino le impidió regresar a Venezuela para sumarse a la atención de la emergencia.
El cerco a la prensa y el ocultamiento de datos
Las restricciones no se limitaron a la gestión de la asistencia. En paralelo, también comenzaron a multiplicarse los obstáculos para documentar y reportar lo que ocurría en las zonas afectadas, mediante controles institucionales, limitaciones a la cobertura periodística y bloqueos físicos.
El 27 de junio, Diosdado Cabello anunció la restricción a La Guaira, condicionando el acceso a un registro obligatorio para todo el personal “no autorizado”. Un día después, el Ministerio de Comunicación creó un proceso de acreditación para la prensa. Los corresponsales internacionales solo podían ingresar mediante traslados organizados por el Estado, con horarios definidos y un brazalete oficial de identificación, mientras que la prensa nacional también quedó sujeta a mecanismos de acreditación para acceder a las zonas autorizadas.
Posteriormente, Delcy Rodríguez suspendió durante 48 horas todos los traslados oficiales de periodistas al litoral central, una medida que IPYS Venezuela calificó como una limitación directa al ejercicio periodístico.
En el interior del país, en el estado Sucre, la Oficina de Información Regional de la Gobernación exhortó a periodistas y medios a no difundir información que no contara con el aval del oficialismo. En paralelo, la Guardia Nacional Bolivariana estableció un perímetro de exclusión en Los Silos, el área utilizada para concentrar los cuerpos recuperados tras el terremoto, impidiendo a los reporteros documentar directamente las labores en el lugar.
El cerco informativo estuvo acompañado de hostigamientos contra periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó agresiones e intimidaciones durante la cobertura, entre ellas las sufridas por Daniel Álvarez (El Noticiero), Diana Vásquez (Noticiero Venevisión) y Reinaldo Mozo (Efecto Cocuyo), mientras realizaban reportajes en comunidades y centros de salud afectados.
¿Qué esperar? El costo de la reconstrucción y el despliegue a largo plazo
A un mes del doble terremoto, la ayuda internacional entra en retirada parcial. De los 77 equipos de 31 países que llegaron a desplegar cerca de 3.000 rescatistas y 150 perros de búsqueda, la gran mayoría ha iniciado su salida, quedando en el país equipos médicos y de asistencia humanitaria, en algunos hospitales de campaña.
Mientras cientos de familias continúan las búsquedas de sus seres queridos entre los escombros, el país empieza a también a confrontarse con un desafío distinto: reconstruir infraestructura, restablecer servicios y atender las profundas consecuencias económicas y sociales que dejan los dos terremotos.
Si hablamos de pérdidas materiales, CAF estima que rondan los 6.700 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 8% del PIB venezolano, mientras que los costos de reconstrucción podrían situarse entre 13.000 y 15.000 millones de dólares.
Cómo asumirá esa tarea un Estado duramente cuestionado por su respuesta a la emergencia, y que además permanece bajo tutela estadounidense, es hoy una de las principales incógnitas.
Las organizaciones internacionales, las redes ciudadanas y las iniciativas comunitarias seguirán siendo fundamentales durante los próximos meses. El apoyo a iniciativas como Hazlo Hoy y RedesAyuda, o contribuir a la respuesta humanitaria de organizaciones internacionales como People in Need, ACNUR y UNICEF, que tienen implementación neutral, confiable y mantienen campañas activas de asistencia para las personas afectadas, es fundamental.
Otras herramientas como un kit de emergencia digital pueden ayudar a las comunidades a mantenerse informadas y organizadas, pero la recuperación dependerá, sobre todo, de una respuesta coordinada, transparente y centrada en las personas.
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