en 
Venezuela podría estar a un paso de convertirse en uno de los primeros países fuera de la República Popular China en adoptar la nueva generación de sistemas de inteligencia artificial china para la vigilancia masiva y el control político, según el informe del Australian Strategic Policy Institute (ASPI).
El reporte revela cómo en julio de 2025, el gobierno venezolano firmó un memorando de entendimiento con iFlytek, una empresa china incluida en la lista de sanciones comerciales de Estados Unidos desde 2019 por su papel en la represión de minorías musulmanas en Xinjiang. El acuerdo fue negociado por Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y hoy presidenta interina de Venezuela.
Una infraestructura que ya existía
El informe, titulado “Warning signals: Venezuela and the risk of Chinese AI-enabled digital authoritarianism” (Señales de advertencia: Venezuela y el riesgo de un autoritarismo digital impulsado por la IA china) documenta que Venezuela no necesita construir un sistema de vigilancia desde cero, ya cuenta con uno, montado en gran parte sobre tecnología china.
Los investigadores identificaron seis capas tecnológicas interconectadas: telecomunicaciones, identidad digital, bases de datos centrales, videovigilancia, control de internet y, ahora, analítica e inteligencia artificial. Todas construidas o potenciadas con el apoyo de empresas como Huawei, ZTE, CEIEC, Hikvision y Dahua.
El eje de identidad de ese sistema es el Carnet de la Patria, la tarjeta de identidad digital vinculada a beneficios sociales. El informe indica que tenía 21,8 millones de usuarios registrados en enero de 2023, equivalente a unas tres cuartas partes de la población venezolana, y que llegó a atender a 14,2 millones de personas cada mes. A eso se suman las redes de videovigilancia de los proyectos de “ciudad segura” y los mecanismos de control de internet operados a través de la estatal Cantv.
Esa capa de identidad no está sola. El informe describe, además, una capa de bases de datos centrales que cruza información de identidad, datos biométricos y de bienestar social; una red de videovigilancia y centros de mando (como los sistemas VEN911 y SIMA) capaces de monitorear el espacio público y coordinar respuestas en tiempo real, y una infraestructura de telecomunicaciones que, al canalizar buena parte del tráfico de datos del país, funciona como un punto de control adicional.
Ninguna de estas necesita operar como un solo sistema perfectamente integrado, incluso conectadas de forma parcial, ya permiten la capacidad de las instituciones del Estado para identificar, monitorear y tomar acciones respecto al comportamiento de la ciudadanía.
¿Qué cambia con la integración de la IA?
Según el informe, el riesgo no es que Venezuela reproduzca el sistema de vigilancia integral de China, sino que la inteligencia artificial haga más rápida, más escalable y más difícil de evadir la infraestructura que ya existe.
Herramientas de reconocimiento facial, identificación de voz y cruce automatizado de bases de datos podrían usarse para identificar, ubicar y perfilar personas sin que exista un acto humano visible como asistir a una protesta.
iFlytek, la empresa china con la que Venezuela firmó el acuerdo, es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología de reconocimiento de voz y moderación de contenido. El mismo reporte explica que la compañía promociona un producto capaz de detectar “más de cien tipos” de contenido políticamente sensible en mensajes de voz, y su tecnología está integrada en el sistema judicial y de censura chino.
El propio iFlytek ya vende un servicio de identificación por huella de voz, que compara grabaciones contra una base de datos para reconocer a una persona entre miles; esta es justamente la misma tecnología que la empresa ha provisto a las autoridades de seguridad pública en Xinjiang.
Si esa capacidad se combinara con la red de cámaras y el registro de identidad del Carnet de la Patria, el riesgo es que el Estado deje de depender de que alguien participe visiblemente en una protesta para identificarlo, y pueda anticiparse al marcar a personas por patrones de asociación, movimiento o actividad en redes sociales incluso antes de que ocurra cualquier hecho concreto.
A todo esto se suma un patrón de opacidad. Como ha ocurrido durante años con los acuerdos tecnológicos entre Venezuela y la República Popular China, los detalles del memorando con iFlytek no se han hecho públicos en su totalidad; lo que dificulta conocer el alcance real de lo pactado, por lo que el informe recomienda exigir la publicación completa de estos acuerdos.
Pese a esa opacidad, hay al menos un antecedente que el propio Gobierno reconoció públicamente. En enero de 2025 se puso en marcha la Sala Nacional de Autogobierno Popular, una sala de mando que centraliza información proveniente de miles de consejos y circuitos comunales en todo el país, y que Maduro describió que estaba operando “con tecnología china e inteligencia artificial”.
El contexto político y la esperanza de cerrar la ventana
El acuerdo con iFlytek se firmó meses antes de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. Delcy Rodríguez, quien lo negoció directamente en su momento, ahora funge como presidenta encargada con respaldo de Estados Unidos. Sin embargo, durante su gestión, señala el informe, el aparato de vigilancia venezolano no ha sido desmantelado. Misma conclusión a la que llegó la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, que documentó que la infraestructura de vigilancia se mantuvo tras el cambio de gobierno.
Los autores sostienen que, a pesar de esto, existe una ventana de oportunidad. La dependencia actual del gobierno interino con EE. UU. podría usarse para exigir la cancelación del memorando con iFlytek antes de que se implemente esta escalada tecnológica.
¿Qué se puede hacer?
Ante los riesgos que implica la cooperación tecnológica de China para los derechos humanos en territorio venezolano, el informe plantea siete recomendaciones:
- Apoyar a la sociedad civil venezolana, ampliando fondos, protección y capacitación en seguridad digital para organizaciones y periodistas amenazados, y agilizando visas humanitarias para los perseguidos.
- Dar acceso gratuito a herramientas de IA para que la sociedad civil pueda eludir la censura y protegerse de la vigilancia estatal.
- Que EE.UU. exija a Rodríguez cancelar de inmediato el memorando con iFlytek, antes de que se integre por completo a los sistemas de vigilancia.
- Que el Secretario de Estado presione a Rodríguez para desmantelar el régimen de vigilancia actual, incluido el sistema “Carnet de la Patria”.
- Planificar una reforma liberal, preparando desde ahora leyes de privacidad y mecanismos de supervisión para cuando exista una apertura política.
- Sancionar el abuso de vigilancia, ampliando las sanciones a funcionarios y empresas que faciliten la represión digital.
- Establecer estándares de seguridad para la IA extranjera usada por gobiernos, con evaluación independiente y transparencia sobre el origen de los modelos.
Sobre el informe
“Warning signals: Venezuela and the risk of Chinese AI-enabled digital authoritarianism” fue elaborado por Fergus Ryan, Bethany Allen y Nathan Attrill, del programa de Ciberseguridad, Tecnología y Seguridad de ASPI, junto con los colaboradores externos Mariví Marín (directora ejecutiva de ProBox), Shannon van Sant y el analista Alex Colville. El informe fue publicado en septiembre de 2026 por el Australian Strategic Policy Institute, con financiamiento de Human Rights Foundation.
***Este reportaje resume y contextualiza los hallazgos del informe original de ASPI. Para el documento completo, puedes consultar aspi.org.au.
