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En la historia de los países hay periodos de oscuridad que deben ser documentados. Un grupo conformado por distintas ONG de derechos humanos se dieron a la tarea de recopilar en un informe de 132 páginas los horrores que se han vivido en Venezuela en medio del contexto electoral en el que el chavismo, al ver amenazada su posición en el poder, empleó todo su arsenal represivo para evitar su salida de Miraflores. El informe “Crisis Postelectoral y de DD.HH 2024 en Venezuela” hace un recorrido por los hechos que, desde el 28 de julio, han llevado a las cárceles a más de 1.500 venezolanos, han ocasionado el fallecimiento de al menos 25 y han provocado el exilio de distintos actores y miembros de la sociedad civil.
El “Libro Negro de la Dictadura 2024”, como también fue nombrado este reporte, evoca una continuación del libro “Venezuela bajo el signo del terror” que en 1952 José Agustín Catalá, editó en forma clandestina y que sería conocido como “el Libro Negro de la Dictadura”. En esta ocasión exponía la documentación de los atropellos de la tiranía de Pérez Jiménez, la censura, la tortura y los nombres de las víctimas, la descripción de los campos de concentración y la valerosa conducta de la resistencia. El reporte de 2024 es una continuación de aquellos anhelos de democracia y dignidad para todos los venezolanos.
Este informe no está firmado. Por primera vez, desde su aparición como parte del tejido asociativo del país, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales se abstienen de firmar un reporte unitario sobre la situación de la dignidad humana por las represalias del Estado.
El terror también ha llegado a las organizaciones cuyos líderes están siendo perseguidos, detenidos y amenazados. Sin embargo, es una muestra del compromiso que los defensores de derechos humanos tienen con el país y de cómo la fórmula de las “Tres D” (documentar, denunciar y difundir) sigue intacta a pesar de la persecución del régimen de Maduro.
“Compartir este documento, procesarlo en productos comunicacionales más agradables y virales, será parte de ese movimiento de resistencia que no abandona sus esperanzas por una Venezuela democrática, dignidad e inclusión para todos y todas las que habiten en ella”, apunta la introducción del informe.
Desde ProBox resumimos 10 claves de lo que señala este informe e invitarlos, finalmente, a leerlo completo para no solo conocer cómo está operando la maquinaria represiva del régimen, sino también para reconocer el trabajo de seres humanos que, desde la clandestinidad, arriesgan su integridad física con el fin de denunciar lo que sucede en las horas más oscuras de la Venezuela actual.
1. Medios bloqueados y periodistas capturados
Según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) hasta el 28 de julio habían sido detenidos 4 periodistas: Gabriel González, detenido el 17 de junio, en Caracas; Luis López, detenido el 14 de junio en La Guaira; Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril en Caracas. Previamente había sido detenido Ramón Centeno, aprehendido el 2 de febrero de 2021 en Caracas.
El SNTP contabilizó a otros 10 periodistas y trabajadores de medios de comunicación detenidos luego de las elecciones del 28-J. De estas personas, solo una fue excarcelada el 26 de agosto, Carmela Longo, luego de ser imputada por los presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio. Tiene prohibición de salida del país, régimen de presentación y prohibición de declarar y escribir sobre su caso.
Respecto a los medios de comunicación, el régimen bloqueó la mayoría de los portales informativos independientes en Venezuela. Según datos de Ipys Venezuela y Laboratorio de Paz, hasta el 28 de julio de 2024 por lo menos 58 sitios web y portales de información habían sido bloqueados por las operadoras de telecomunicaciones, por lo que no eran de acceso público dentro de Venezuela.
2. ONG perseguidas
El 15 de agosto de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines De Lucro. De acuerdo a un análisis de una ONG de DD.HH esta ley presenta varias violaciones a la Constitución venezolana y los estándares internacionales en derechos humanos:
En su artículo 13 establece cuál debe ser el contenido del acta constitutiva, violando la autonomía organizacional, además plantea el deber de adaptar en un lapso no mayor a 180 días los estatutos sociales para organizaciones que ya cuentan con personalidad jurídica, de lo contrario estas ONG serían anuladas.
“Esta disposición viola un principio básico del Estado de Derecho como lo es el principio de irretroactividad de la ley contemplado en el artículo 24 de la Constitución”, apunta el informe.
3. Irregularidades electorales
El informe señala que en una comunicación privada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diferentes organizaciones de derechos humanos venezolanas resumieron de la siguiente manera la situación consecuente del anuncio de ese primer boletín electoral:
“El órgano electoral presentó unos resultados parciales que no han podido ser verificados, puesto que no han publicado el balance desagregado por cada centro y mesa de votación, ni han presentado las actas que emiten las máquinas electorales. Se ha generado una exigencia ciudadana, acompañada de un llamado internacional exigiendo transparencia en la publicación y auditoría de las actas, que no ha sido atendido. En cambio, el CNE proclamó como presidente electo a Nicolás Maduro, sin haber ofrecido respaldo alguno de los resultados anunciados y sin atender a auditorías técnicas que podrían aclarar las dudas razonables en torno a los resultados electorales”.
Además de esto, la violencia también protagonizó las elecciones presidenciales. Según datos procesados por Laboratorio de Paz durante el 28 de julio se registraron, por lo menos, 86 actuaciones de grupos de personas motorizadas (conocidas como “Colectivos”), con frecuencia armadas, que actuaron con el objetivo de atemorizar a las personas que deseaban ejercer su derecho al sufragio o que deseaban permanecer en los alrededores de los centros de votación. En 6 actuaciones dejaron personas heridas de bala y una persona fallecida. Las actuaciones ocurrieron en 17 estados del país, lo que sugiere tanto un nivel de coordinación como de tolerancia por parte de las autoridades.
4. Persecución a testigos y detenciones arbitrarias
Se calcula que la oposición logró conformar un equipo de 90.000 testigos electorales para participar en las elecciones del 28 de julio. El informe señala que se registraron agresiones y persecución por parte de grupos irregulares y funcionarios policiales contra testigos de partidos de oposición y miembros de mesa, algunos de ellos fueron sacados a la fuerza de sus residencias sin ninguna orden de allanamiento y aprehensión. Esta práctica tenía la intención de sembrar miedo entre las personas que cumplieron este rol en el proceso electoral.
Respecto a las detenciones arbitrarias, según datos procesados por el Laboratorio de Paz durante los primeros 7 meses del año 2024, antes del 28 de julio, por lo menos 169 personas habían sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas. 52 personas (30,7%) antes del inicio formal de la campaña presidencial, la cual comenzó el 4 de julio, mientras que 117 fueron privadas a partir de esa fecha.
El informe señala que, según datos del Foro Penal, del 29 de julio al 29 de agosto de 2024 ocurrieron 1.590 detenciones arbitrarias, de las cuales 1.369 eran hombres (86.1%) y 221 eran mujeres (13.9%). Al desagregar por edad tenemos que 131 eran adolescentes (8.2%) y 1.459 eran adultos. La distribución por estados a continuación:
*** A la fecha de publicación de este artículo, la cifra de detenidos reportados por el Foro Penal creció. El reporte al 09 de septiembre el total de presos políticos asciende a 1.808 personas.
5. Muertes en protestas
Las movilizaciones de los días 29 y 30 de julio fueron enfrentadas por las autoridades con el uso desproporcional y diferenciado de la fuerza, lo que ocasionó la muerte de varios manifestantes. La organización Monitor de Víctimas ha reportado 24 personas asesinadas, mientras que “Justicia, Encuentro y Perdón” contabilizó 25 personas asesinadas, de las cuales una falleció posterior a su detención.
“Según Provea, un elemento que sirve para entender el ascenso de la letalidad de las protestas en Venezuela es que, en 2014 del total de personas heridas (1.094) ese año, 138 fueron víctimas de impactos de bala (12,6%). En 2019, cuando se registraron 984 heridos, 271 de ellos fueron heridos de bala (27,5%), mientras que, en 2024, de los 93 heridos registrados por la Encuesta Nacional de Hospitales, el 40,8% corresponden a heridos de bala”, apunta el informe.
6. La cultura del terror
El informe muestra cómo el Estado venezolano ha usado el terror como arma para restringir el espacio cívico. Este objetivo lo ha ejecutado con distintas estrategias. Una de ellas fue la actualización de la aplicación VenApp con “una nueva ventana” de denuncia para identificar a cualquiera que formara parte de grupos que el oficialismo calificó como “fascistas”; iniciando así la mayor persecución digital hasta la fecha en el país, revelando la identidad de ciudadanos comunes y sin verificar si estas denuncias tenían algún tipo de fundamento.
Esto dio paso al recrudecimiento de la ya conocida “Operación Tun Tun”. Todos los ciudadanos que publicaran en redes sociales algo en contra del chavismo o de la supuesta victoria de Maduro, podrían ser detenidos en su propia casa por cuerpos policiales, especialmente si fueron denunciados en VenApp.
ProBox ha investigado este tema, desentramando esta operación digital multiplataforma: entre voceros oficialistas, medios proxy e instituciones civiles y militares se utilizaron aplicaciones tecnológicas, publicaciones en redes sociales (X, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook) y aplicaciones de mensajería (como Whatsapp y Telegram) para generar #TerrorEnRedes exponiendo y persiguiendo manifestantes; masificando la amenaza de encarcelar a cualquiera que cuestione el anuncio del CNE dando como vencedor a Maduro durante el proceso electoral.
7. Restricción en redes sociales
El informe apunta que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, se ha producido una violenta represión por parte de la policía, el ejército y grupos paramilitares; así como denuncias de estrategias de acoso y persecución posibilitadas por el uso de la tecnología. El Estado ha intensificado sus medidas de vigilancia y censura digital, utilizando herramientas como la aplicación VenApp para informar sobre actividades disidentes y revelar información confidencial a manifestantes, videovigilancia para monitorear las protestas y drones patrullaje para provocar miedo generalizado
El jueves 08 de agosto, Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de la red social X (Twitter), que constituyó un hecho especialmente crítico y de consecuencias gravísimas en un país como Venezuela, donde el ecosistema de medios se encuentra debilitado y las redes sociales han sido el espacio para difundir información y expresar opiniones con cierta libertad.
Otras redes sociales y programas de internet bloqueados fueron Reddit, Signal, Microsoft Teams y Cloudfront, que dejó sin funcionalidad el acceso a diferentes sitios webs como icij.org, latimes.com, caracoltv.com, csmonitor.com, drudgereport.com, dailysabah.com, binance.com, mercadolibre.com.ve y plataformas de entretenimiento como Disney+, Max, Amazon Prime Video y Epic Games; buscando el aislamiento de los ciudadanos y cercando el acceso a información no controlada por el Estado.
8. Los verdugos: cadena de mando de la PNB
El 18 de abril de 2024 fue divulgada una resolución conjunta entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior y Justicia hacia el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) para girar instrucciones sobre el operativo de seguridad a realizarse durante el proceso electoral de julio y los días posteriores.
El artículo 7 de la resolución señala que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como los cuerpos estadales y municipales, quedarían “bajo la dirección, control operacional y supervisión” del CEOFANB.
El informe expone con nombre y apellido a los responsables por estado de las persecuciones y los actos de detenciones en el marco de las elecciones.
Una revisión del perfil de X del oficial encargado a nivel nacional de la implementación del operativo electoral de seguridad ciudadana, el General de Brigada Rubén Darío Santiago Servigna (@rubensantiagos_), revela la desprofesionalización ideológica del funcionario.
“El 04 de julio de 2024, día del inicio formal de la campaña, el General amplificó 6 mensajes en apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro, violando la ley electoral”, reseña el informe.
Luego del 28 de julio, los mensajes del General avalaban los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, el reforzamiento de la narrativa estigmatizante y la justificación de las acciones represivas.
9. Violación de derechos laborales
En la recopilación de datos del informe también se expone un incremento de los despidos injustificados con relación a la jornada electoral:
“Se le está negando el debido proceso a los despedidos, siendo incluso coaccionados con organismos de seguridad como el SEBIN. Las inspectorías del trabajo no están recibiendo la documentación de los despedidos, quedando en la indefensión legal y sin la posibilidad de que se les liquiden sus prestaciones conforme a su antigüedad como establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que por lo menos 40 trabajadores de Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional de Venezuela (RNV) habrían sido despedidos por dar “me gusta” a mensajes opositores en redes sociales o escribir “fraude” en sus publicaciones de WhatsApp. Más de 100 empleados de la petrolera estatal venezolana PDVSA, además de otros en el Ministerio del Petróleo y de otras áreas del sector público, fueron obligados a renunciar por no avalar el supuesto triunfo de Nicolás Maduro.
10. Anulación de pasaportes
Luego del desconocimiento de la voluntad popular, expresada el pasado 28 de julio de 2024 en elecciones presidenciales, decenas de personas han denunciado la anulación de sus pasaportes vigentes por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
Antes de esa fecha se había denunciado que a diferentes líderes políticos y sociales del país le habían anulado sus documentos de identidad como medida de represalia y escarmiento. “No obstante, la situación reciente no parece seguir un patrón claro que pudiera sugerir sus motivaciones políticas, salvo su masividad. La anulación de pasaportes como medida de intimidación pudiera calificarse dentro de los métodos de represión blandos, denunciados por la Misión Independiente de Naciones Unidas para Venezuela”, apunta el informe.
Esto es solo una parte…
El informe recoge casos específicos y ahonda mucho más en los temas de persecución, asesinatos, detenciones y violación de derechos humanos en Venezuela.
“El uso del temor generalizado como mecanismo de control social caracteriza, además, la actuación de las autoridades como “Terrorismo de Estado”, actualizando una manera de reprimir que había tenido protagonismo y características propias durante las dictaduras latinoamericanas del siglo XX”, concluye el informe.
La lectura y diseminación de este informe debe considerarse por sí mismo un acto de rebeldía contra un régimen dictatorial que pretende acallar las voces críticas, ocultar lo que sucede y construir una narrativa desinformativa que confunda a la ciudadanía y anule sus posibilidades de reacción.
Como el Libro Negro de la Dictadura de 1958, desde ProBox creemos que este informe sirve como testimonio de lo vivido y esperamos que, como en el caso de Marcos Pérez Jiménez, sea base para la construcción de un sistema democrático robusto que no permita más atropellos a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos venezolanos.
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