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Cristosal, la principal organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos en El Salvador, anunció su salida de El Salvador, luego de 25 años operando en el país. Esto no pasó desapercibido en la conversación en redes sociales.
Mientras la organización anunció en un comunicado que optaba por el exilio debido a “la escalada de criminalización” contra el espacio cívico en El Salvador, el gobierno de Bukele respondió instalando una narrativa que la señalaba -supuestamente- de intentar evadir impuestos, desviando así la atención de las denuncias de persecución a las en el país.
Que organizaciones como Cristosal y medios como El Faro hayan trasladado sus operaciones a otros países (Honduras y Guatemala en el caso de Cristosal, y Costa Rica en el de El Faro) es visto por organismos internacionales como una señal de alerta para la democracia salvadoreña, especialmente ante las detenciones de defensores de derechos humanos, periodistas y políticos opositores.
Lo que está pasando en El Salvador
Con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en mayo de 2025, se consolidó en El Salvador un marco legal que impone un impuesto del 30 % a los fondos de cooperación internacional. Esta normativa ha sido interpretada como una herramienta para controlar y restringir el trabajo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación críticos por parte de Amnistía Internacional.
El marco legal no solo afecta el financiamiento, sino que obliga a las organizaciones que reciben financiamiento internacional, directa o indirectamente, a registrarse como “agentes extranjeros”, lo que implica someterse a auditorías constantes, limitaciones en la ejecución de proyectos y la prohibición de participar en asuntos considerados de “interés político”. Esta redacción ambigua permite al gobierno decidir discrecionalmente qué actividad es legítima y cuál no.
Aunque esta ley propició la salida de la ONG Cristosal, así como del medio digital El Faro, ambas organizaciones denunciaron haber sido objeto de intervenciones telefónicas, vigilancia digital y hostigamiento en línea. Según reportes internos, varios trabajadores de Cristosal fueron interrogados por agentes encubiertos, y miembros del equipo de El Faro recibieron amenazas anónimas, las cuales mencionaban a sus familiares.
Además, el 18 de mayo fue detenida la abogada Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal; quien encabezó varias investigaciones sobre el gobierno de Bukele y fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en 2024. A López se le acusa de malversación de fondos durante su mandato como funcionaria estatal entre 2008 y 2014. Junto al abogado Alejandro Henríquez y al pastor José Ángel Pérez, la abogada es considerada por Amnistía Internacional como presa de conciencia de El Salvador.
Lo que se habla en redes
Realizamos un ejercicio de escucha digital para identificar las narrativas y actores en redes sociales debido al aumento de la conversación alrededor del anuncio de Cristosal y entender cómo se está tratando el tema desde la sociedad civil y el gobierno; entre el 24 de junio y el 24 de julio de 2025, registramos 7.880 menciones al respecto, siendo X la red social principal donde se concentró el 85.38 % de las menciones (6,728), seguida por Facebook con el 11.54 % (909), Instagram con el 1.69 % (113). y TikTok con el 1.4 % restante (110 menciones).
Entre los hallazgos que obtuvimos destacan denuncias de censura y represión que fueron contrarrestadas por la narrativa gubernamental centrada en un futuro próspero y prometedor, donde la “mano dura” de Bukele va contra la violencia de las pandillas, la corrupción y la clase política, planteando a las ONG y los medios de comunicación como fenómenos del pasado.
1. La denuncia digital
Más del 80% de las menciones (6.364) del estudio que realizamos están relacionadas directamente con Cristosal, teniendo la mayor actividad de la conversación los días 17 y 18 de julio, cuando la ONG y El Faro anunciaron su salida definitiva de El Salvador.
Un punto clave es que las reacciones a la noticia de la salida no solo se generaron en El Salvador, sino que se incluyen una gran cantidad de reacciones internacionales en otros idiomas, destacando un 14,8% (1.159) en inglés, especialmente por la cobertura internacional del cierre de la organización en el país (1, 2, 3). Además, identificamos mensajes críticos a Cristosal y apoyo al gobierno (1, 2), así como el uso frecuente del chatbot de IA de X, Grok, que aparece 144 veces en la conversación (1, 2, 3).
La conversación a modo de denuncia no se quedó solo en la salida de la ONG y medios de comunicación del país, sino que también se incluyeron mensajes con etiquetas como #LibertadParaRuthLopez #LibertadParaAlejandro y #LibertadParaJoseAngel (90 menciones en conjunto como esta en X) exigiendo la liberación de los abogados y el pastor detenidos.
Términos como “amnistía” (70 menciones), #DDHH (84 menciones) y el nombre de la abogada “Ruth López” (218 menciones), también fueron relevantes dentro de la conversación, centrando el foco en la defensa de los derechos humanos en el país.
2. La respuesta del gobierno
Mientras las denuncias por persecución ganaban visibilidad, el aparato comunicacional del gobierno articuló una narrativa alternativa que presentaba la Ley de Agentes Extranjeros como una medida técnica y necesaria. Por ejemplo, en redes como TikTok, destacó el uso de la cuenta oficial del gobierno de El Salvador para invitar a las ONG a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros para con la justificación de “asegurar que la cooperación internacional beneficie realmente a los salvadoreños”.
Un tono poco confrontativo se mantuvo también en cuentas oficiales en X y Facebook, en la que el Registro de Agentes Extranjeros es presentado como un simple trámite burocrático u oficial, incluyendo la publicación de un curso para completar el registro impartido por una organización privada, la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas). A pesar del uso de las cuentas del gobierno, el presidente Nayib Bukele no se refirió al cierre de Cristosal en sus redes sociales.
Aunque los entes gubernamentales no hablaron directamente de la salida de Cristosal o El Faro, usuarios a favor de Bukele sí lo hicieron. En X destacaron tres cuentas de contenido pro-Bukele con expresiones altisonantes, insultos y enfrentamientos con otros usuarios, como AnyaContreras60 (Anya Contreras) con 45 menciones, MReboola (Milu Reboola) con 29 menciones y CathyCa1 con 28 menciones en las que se les acusaba a medios y ONG de ser “pandilleros” y de estar justificada su salida del país.
La cuenta de X de Cristosal recibió al menos 427 respuestas a sus publicaciones con insultos y burlas, con términos como “váyanse”, “no vuelvan”, “no regresen”, “ratas”, “perros”, etc. (1, 2, 3, 4). Estas respuestas fueron contrarrestadas con comentarios de crítica y denuncia contra el gobierno, la gestión del mismo o el régimen de excepción por parte de ciudadanos o cuentas que parecen serlo (1, 2, 3 y 4), así como de diversas organizaciones de derechos humanos (1, 2).
Además, encontramos 319 menciones con el término “impuestos” en la que distintos usuarios acusan a Cristosal y a El Faro de irse de El Salvador con el único propósito de evadir el pago de impuestos, reforzando la narrativa oficial de imponer un impuesto de 30% a quienes reciben fondos del extranjero “para realmente ayudar a los salvadoreños”.
Entre ellas un vídeo en TikTok del programa “Las Cosas Como Son”, del comunicador bukelista Natan Vaquiz que también se repite en Facebook; en el que entrevista a Romeo Auerbach, ex diputado (2021-2024) y quien se presenta ahora como analista político, que reafirma que Cristosal salió del país “para no pagar impuestos, no por miedo”. El Noticiero El Salvador y el blog El Informante también atacan a las organizaciones por “salir del país para evadir impuestos” (1, 2, 3, y 4).
Aunque existió una conversación significativa de denuncia por parte de la sociedad civil y actores internacionales; esta fue respondida con rapidez y agresividad por una maquinaria digital pro-gubernamental que logró dominar parte del debate en línea, utilizando tanto desinformación como hostigamiento directo.
Nuevas dificultades para la sociedad civil
La salida de organizaciones como Cristosal y El Faro de El Salvador refleja un retroceso preocupante en la garantía de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación cívica. La aprobación de leyes como la de Agentes Extranjeros, acompañada de prácticas de vigilancia digital, hostigamiento y detenciones arbitrarias, evidencia un entorno hostil para quienes defienden los derechos humanos y el periodismo independiente.
El gobierno salvadoreño ha optado por reforzar una narrativa que deslegitima a las ONG y medios independientes, presentándolos como entidades corruptas o innecesarias en un nuevo modelo de país basado en la supuesta estabilidad. Esta postura ha sido amplificada en redes sociales por usuarios y comunicadores afines al Estado, quienes reducen la salida de estas organizaciones a una cuestión fiscal, ignorando las múltiples denuncias de persecución.
Todo esto ocurre en un contexto en el que el presidente Nayib Bukele ha impulsado una controvertida reforma para permitir su reelección indefinida, la cual fue aprobada por la Asamblea, desafiando principios democráticos fundamentales y concentrando aún más el poder en el Ejecutivo. Esta tendencia, sumada a la criminalización de la disidencia y la salida forzada de organizaciones clave, configura un escenario de profundo debilitamiento democrático en El Salvador.
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